En las Fiestas Patrias de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo de conocimiento público que la nueva reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) había sido aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). A casi un año de este anuncio, los nuevos 881 integrantes de este órgano judicial rinden protesta en el Senado de la República.

Simón Hernández León, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Ibero Puebla, destacó los retos que enfrenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta nueva etapa.

Señaló que la legitimidad de la Corte se construirá principalmente a partir de las decisiones que asuma frente a los grandes temas en su agenda.

Entre ellos, mencionó la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa, vinculada al cumplimiento de las competencias internacionales de la Corte Interamericana, así como el análisis de la política de ciencia y tecnología y el papel de las universidades privadas en ese marco.

Asimismo, resaltó la importancia del control de las reformas constitucionales, incluidas aquellas que han modificado los contrapesos del máximo tribunal.

“Está por definirse si la Suprema Corte puede o no revisar reformas como la judicial, la relacionada con prisión preventiva o la que toca la supremacía constitucional, aprobadas recientemente por el Congreso de la Unión”, indicó.

Ante este panorama, Hernández León hizo un llamado a los nuevos ministros para que garanticen la independencia judicial.

Subrayó que, pese al proceso de elección marcado por afinidades políticas, las resoluciones deben sustentarse en la Constitución, en la defensa de los derechos humanos y en el límite al abuso del poder público.

El académico insistió en que el papel de la Suprema Corte debe ir más allá de validar agendas partidistas, recordando que su función esencial en un estado democrático es servir como contrapeso frente a los demás poderes. (DFD)