Acusaron al Departamento de Estado de los Estados Unidos de manipular su informe anual sobre derechos humanos de 2024 bajo la administración de Donald Trump, ya que el documento priorizó agendas políticas sobre hechos objetivos, de acuerdo con la organización no gubernamental (ONG) Human Rights Watch (HRW).

Fuentes cercanas indicaron que el reporte, compilado originalmente por la administración del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue profundamente modificado por el gobierno actual, reduciéndose en dos tercios y eliminando capítulos enteros por orden de la Casa Blanca.

El informe que cubre 2024 —, mismo que ubica las preocupaciones al respecto en países de todo el mundo— antes de comenzar el segundo mandato de Trump sufrió revisiones significativas post-elección, suavizando críticas a aliados y endureciendo denuncias contra rivales.

El senador demócrata Chris Van Hollen criticó que "las medidas adoptadas por la administración Trump para suavizar y politizar estos informes comprometen su propio objetivo y socavan la credibilidad del propio Departamento de Estado".

La publicación se retrasó meses "aparentemente para adecuarlo a las percepciones del Gobierno republicano", recordando que Trump ya había señalado cambios contra el "intervencionismo occidental" en un viaje a Arabia Saudí, según Hollen.

La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tammy Bruce, defendió el documento abreviado como más útil y accesible, alineado con decretos del gobierno y enfocado en ejemplos ilustrativos en lugar de datos exhaustivos.

El informe no tocó secciones sobre corrupción, derechos LGTBI, aborto y violencia contra mujeres, excepto en el caso de Afganistán.

¿Qué se puso en el informe?

La administración del mandatario norteamericano eliminó críticas a países como El Salvador, Israel y Rusia, mientras intensificó sus denuncias contra Brasil y Sudáfrica, quienes no son sus aliados.

Especialistas mencionaron que el texto es "vara desigual" para medir violaciones a la dignidad humana, favoreciendo aliados.

Sobre El Salvador —aliado de Trump por el gobierno de Nayib Bukele— se afirmó que "no hubo informes creíbles de violaciones significativas de los derechos humanos", atribuyendo mínimos históricos en violencia de pandillas y detenciones masivas, omitiendo la violencia de género y trata de personas.

Estos datos fueron diferentes al reporte de 2023, el cual detalló tortura y malas condiciones penitenciarias. Fuentes extraoficiales también mencionaron homicidios arbitrarios y muertes en prisión.

En Israel, se redujo la documentación de abusos, eliminando referencias a la reforma judicial del primer ministro Netanyahu.

El texto reconoció ejecuciones extrajudiciales de palestinos, pero destacó que hubo medidas para identificar responsables en Gaza, limitando los crímenes de guerra a Hamás y Hezbolá. No se abordaron los casos de tortura a detenidos palestinos o abusos previos.

Para Rusia, se reiteraron crímenes en Ucrania como deportaciones y torturas, pero eliminaron críticas a los abusos LGTBI y corrupción.

De los países que no tienen el favor de Trump se dijo lo siguiente

En contraste, se denunció un declive en Brasil por el juicio al expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump, y restricciones a libertad de expresión, como el bloqueo de X de Elon Musk.

A este país se le acusó de socavar el debate democrático al restringir contenidos perjudiciales, afectando a partidarios de Bolsonaro.

Sudáfrica enfrentó críticas por un deterioro significativo en expropiaciones de tierras a blancos; Venezuela tuvo un empeoramiento significativo post-elecciones con el presunto fraude dl presidente Nicolás Maduro; Nicaragua y Cuba mantuvieron evaluaciones negativas.

En Europa, se destacó el deterioro en Francia, Alemania y Reino Unido por restricciones a expresión, como las leyes contra el antisemitismo o la seguridad en línea, mismas que fueron criticadas por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.

En Afganistán, denunciaron exclusión de mujeres de espacios públicos. China mantuvo acusaciones de genocidio contra el grupo étnico de los uigures.

Josh Paul, exfuncionario del Departamento de Estado que renunció por la política en Gaza, declaró en una entrevista que "el informe demuestra lo que ocurre cuando se da prioridad a la agenda política por encima de los hechos", comparándolo a la "propaganda soviética". (JRLM)