La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) determinó que el presidente municipal de Romita, Pedro Tanamachi Reyes, debe ofrecer una disculpa pública y otorgar una compensación económica a las familias de Daniela Castro, Juan Pablo Vargas y Carlos Esteban Rocha, tres jóvenes que fueron arrestados por la policía municipal en febrero de 2023 y posteriormente encontrados sin vida en una fosa clandestina.

Además se ordenó iniciar una investigación interna, proporcionar atención psicológica a las familias, capacitar a las autoridades responsables en materia de derechos humanos y remitir una copia de la resolución al área de capacitación municipal.

¿Cómo se dieron los hechos?

El caso se remonta al 19 de febrero de 2023, cuando Daniela Castro de 27 años; Juan Pablo Vargas de 29 años; y Carlos Esteban Rocha de 25 años, se vieron involucrados en un accidente vial tras chocar con un coche que se encontraba estacionado en Romita.

Acorde con el expediente de queja 0360/2023, a Juan Pablo lo detuvieron policías municipales y lo trasladaron a la comandancia. Daniela, su esposa, y Carlos acudieron al sitio para conocer la situación de Juan Pablo, pero también fueron arrestados.

El entonces alcalde de Romita, Oswaldo Ponce Granado, afirmó que los tres fueron liberados tras el pago de la multa, pero las autoridades no registraron ni el ingreso ni la salida de los jóvenes.

Tampoco quedaron asentados los datos de la persona que se hizo pasar por el hermano de las víctimas y pagó por su liberación. Tras esto los tres desaparecieron.

La Plataforma por la Paz y Justicia de Guanajuato relató sobre el tema que fueron varios los sujetos que arribaron en un vehículo a las instalaciones de Seguridad Pública para lograr a liberación de las víctimas.

Cinco días después de su detención, el 24 de febrero de 2023, los cuerpos de los tres fueron hallados con impactos de bala en la cabeza en una fosa clandestina en la comunidad de El Escoplo, cerca de la carretera a Puerto Interior.

No había motivo para detener a las víctimas

La Prodheg concluyó que no hubo motivo justificado para las detenciones y que los elementos policiales, junto con el comisario Roberto López Valadez, omitieron salvaguardar los derechos humanos de las víctimas, incluyendo su libertad, seguridad, integridad y derecho a la vida.

Testimonios recabados por la Procuraduría indicaron que los policías Casimiro, César y Roberto Carlos, bajo las órdenes del comisario López —quien presuntamente amenazó a Juan Pablo con entregarlo a la maña— incurrieron en irregularidades que derivaron en la desaparición forzada de los jóvenes.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato vinculó a proceso penal en marzo de 2023 a los cuatro policías por desaparición forzada, acusándolos de haber entregado a los jóvenes a un grupo criminal.

Para el 3 de junio de 2025, el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento, presidido por el juez Alfonso Israel Valdez Alvarado, absolvió a los acusados.

Argumentó que la Fiscalía no probó, más allá de toda duda razonable, que los policías participaron activamente en la desaparición o que entregaron a las víctimas a sujetos armados. (JRLM)