La madrugada del 9 de agosto autoridades realizaron un operativo en el penal de San Miguel, donde decomisaron alrededor de 35 teléfonos en los dormitorios C y D.

Personas privadas de la libertad (PPL) señalaron que pagan 350 pesos semanales a un interno identificado como 'Brito' para utilizar los equipos.

En la imagen que difundió el gobierno para dar a conocer la revisión aparecen los teléfonos celulares con la etiqueta roja que les ponen a los aparatos rentados.

Fuentes cercanas a e-consulta informaron que la intervención estuvo a cargo de elementos de la Dirección de Centros Penitenciarios —conocidos como 'los cascos'—, así como autoridades estatales y federales, quienes ingresaron al penal para realizar la revisión.

El operativo se efectuó en dormitorios donde se encuentran internos procesados. De acuerdo con las fuentes, en las últimas semanas las inspecciones se han concentrado en esta zona, mientras que en las áreas de sentenciados solo se revisó el dormitorio R la semana pasada.

La frecuencia de inspecciones en procesados se debe a que en esa área hay mayor población y, en consecuencia, más circulación de dinero.

Brito, detrás del cobro de teléfonos en San Miguel

Durante el decomiso, las autoridades aseguraron celulares que portaban 'stickers' que, según las fuentes, indicaban el pago de la renta semanal para mantenerlos.

Ante los reclamos de los reos por haber pagado los 350 pesos, 'los cascos' respondieron: “Ve a reclamarle a quien le pagas”, en alusión a 'Brito', señalado como quién provee las líneas telefónicas y los equipos.

Internos también manifestaron su inconformidad por lo que consideraron cobros excesivos, incluso por el acceso al agua, y el nuevo cobro fue para tatuadores y peluqueros, lo que elevó la tensión dentro del penal.

Según las fuentes, algunos reclusos han dejado de pagar por el servicio de telefonía debido a que no hay garantía de que los equipos no sean decomisados en las inspecciones.

Al concluir el operativo, las autoridades se llevaron celulares con y sin 'stickers', así como bocinas, audífonos, tarjetas SIM, memorias USB, cables y algunas dosis de droga.

Las concesiones dentro de San Miguel

Tal como lo informó e-consulta, los negocios estarían manejados por Ernesto Orea y su gente, quien logró hacerse del poder de las actividades económicas del Cereso solo en seis meses de convivencia con el resto de la población penitenciaria.

Existe una versión que supuestamente el político priista Javier López Zavala estaría detrás de Orea, como lo ha señalado el periodista Edmundo Velázquez.

En fecha reciente apareció una manta en el exterior del penal con la leyenda: “El penal ya tiene dueño, Orea tiene respaldo, sigues tú RH”, localizada la mañana del domingo 3 de agosto.

Familiares de reos piden la salida de Orea

El pasado 5 de agosto, familiares de internos se manifestaron sobre Periférico Ecológico y posteriormente en Camino al Batán,  para exigir la salida de Ernesto Orea, a quien acusan de controlar las actividades económicas del penal y de imponer cobros excesivos.

Los manifestantes portaban pancartas con denuncias de presunto cobro de piso y una lona con la leyenda: “¡Basta de abuso! Orea extorsionador”. Señalaron que las extorsiones afectan tanto a los internos como a sus familias, quienes también reciben amenazas.

Ante estas denuncias, la Secretaría de Seguridad Pública del estado negó la existencia de cobros dentro del penal y aseguró que se iniciarán investigaciones internas para garantizar que los procesos en los centros penitenciarios se desarrollen con apego a derecho. (CR)