Los terrenos de La Covadonga, ubicados en la ciudad de Puebla, están envueltos desde 2023 en una disputa legal entre una fundación que denuncia despojo y particulares que se respaldan con escrituras emitidas en Tlaxcala para acreditar su posesión.

El 9 de abril de 2023 se registró el primer acto de ocupación en el predio, situado en el kilómetro 13.9 de la colonia Ignacio Zaragoza, cuando un grupo de personas tomó control de ocho de las 22 hectáreas.

Ante este hecho, la fundación de asistencia privada Julita y Antonio IAP, representada por Jesús González Schmal, denunció la ocupación ilegal de la propiedad.

El abogado explicó que el terreno fue cedido por la Fábrica de Covadonga a la institución denominada Julita T. Viuda de del Valle y Antonio del Valle Talavera, Institución de Asistencia Privada desde el siglo pasado, hecho que está asentado en la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/FIM-I/007677/2023.

Después, el predio fue dividido en dos partes: una destinada a la empresa Agua Inmaculada y la otra a la venta de lotes.

A raíz de la invasión, la fundación presentó las denuncias correspondientes e inició procesos legales para que las autoridades intervinieran y recuperaran el terreno. Sin embargo, con el paso del tiempo, la respuesta del gobierno municipal fue que no podían actuar debido a conflictos jurídicos relacionados con los límites territoriales.

Mientras el litigio avanzaba, los ocupantes comenzaron a comercializar los lotes. De acuerdo con una investigación de e-consulta, estos terrenos se ofrecían entre 250 mil y 300 mil pesos, y para formalizar las ventas acudían a la Notaría 4 de San Pablo del Monte, Tlaxcala.

En la zona también comenzaron a levantarse viviendas, la mayoría en obra negra, protegidas las 24 horas por un grupo de personas.

Invaden más predios de la fundación

A pesar de las denuncias presentadas, las autoridades municipales no ejecutaron acciones para desalojar a los invasores. Incluso la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, encabezada por Felipe Velázquez, reconoció que no contaban con permisos y ordenó el derribo de las construcciones.

La situación se intensificó el 9 de febrero, cuando otro grupo ingresó a un predio cercano —también propiedad de la fundación Julita y Antonio— que era utilizado como campo de cultivo.

Durante esta nueva invasión, dos elementos de la Policía Auxiliar que resguardaban el sitio fueron agredidos.

Tras el incidente, la fundación dio a conocer públicamente las denuncias interpuestas y reiteró su exigencia de intervención a las autoridades, al advertir que detectaron al menos 92 casos de fraude a personas que compraron lotes en esa zona.

Ayuntamiento derriba construcciones; particulares protestan

Fue hasta la madrugada del sábado 19 de julio que el Ayuntamiento de Puebla, en coordinación con los gobiernos estatal y federal, llevó a cabo un operativo con 200 elementos en el predio del kilómetro 13.9 de la colonia Ignacio Zaragoza.

Según informaron, la intervención obedeció a la ejecución de una resolución judicial derivada del juicio de amparo 257/2025-III, emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla el 15 de julio, por lo que demolieron las construcciones y recuperar las ocho hectáreas.

Esta mañana, el Ayuntamiento de Puebla recuperó 8 de 22 hectáreas en el kilómetro 13.9 de la colonia Ignacio Zaragoza, conocida como #LaCovadonga. Más de 200 elementos de los tres niveles de gobierno participaron en el operativo

Vía: @Manu_Cuellar10 pic.twitter.com/OyWGqz8J0V

— Periódico e-consulta (@e_consulta) July 19, 2025

Horas más tarde, un grupo de personas se manifestó y bloqueó la avenida Reforma, frente al Palacio Municipal, para exigir el pago por las 15 casas derribadas, argumentando que el operativo fue arbitrario y que el terreno pertenece al estado de Tlaxcala.

Los manifestantes afirmaron contar con escrituras del predio expedidas en Tlaxcala.

Tras varias horas de protesta, fueron atendidos por personal de la Secretaría de Gobernación del Ayuntamiento de Puebla, con quienes acordaron reunirse el próximo martes a las 11:00 horas para buscar una solución al conflicto. (PSR)