La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) instó a Uber a que, antes de realizar incrementos unilaterales en sus tarifas, notifique a los usuarios sobre dichos cambios en los planes contratados, permitiéndoles expresar su consentimiento explícito respecto a la nueva tarifa.

Entre los derechos de los usuarios de esta plataforma digital se encuentra el de ser informados acerca del alza del 7 por ciento en las tarifas, lo que les da la posibilidad de aceptar o declinar las nuevas condiciones o modificaciones aplicadas a su plan vigente.

Dicho derecho está respaldado por la Ley Federal de Protección al Consumidor, específicamente en su artículo 7, que obliga a los proveedores a comunicar y respetar los precios, tarifas, garantías y demás condiciones originalmente ofrecidas a los consumidores, sin que bajo ningún pretexto se les pueda negar esta información.

Uber manipula las tarifas para beneficiar a su corporativo

La Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA) mostró su descontento ante el reciente anuncio de Uber de elevar sus tarifas, relacionando este incremento con los gastos laborales generados por la reforma laboral para plataformas digitales.

Sergio Guerrero, líder de la UNTA, calificó esta medida como un intento calculado para inquietar a los usuarios y socavar una ley que protege derechos básicos de los trabajadores del sector, como seguridad social y prestaciones.

Guerrero señaló que Uber ha empleado sistemas de precios dinámicos para aumentar sus beneficios, sugiriendo que culpar a la reforma laboral del 7 por ciento de alza es una maniobra política destinada a desprestigiar una norma que beneficia a repartidores y conductores.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) respaldó esta postura, condenando el incremento a sólo 15 días del inicio del programa piloto y acusando a Uber de explotar a los trabajadores, quienes cubren los costos de sus herramientas de trabajo.

Asimismo, rechazó el hecho de que empresas transnacionales usen a los trabajadores y consumidores como peones para defender sus intereses económicos. (MCJ)