Desde 2018 y hasta los primeros meses de 2025, en el estado de Puebla se registraron al menos 737 denuncias por tala no autorizada y transportación ilegal de productos forestales.          En todo ese periodo sólo se presentó una denuncia penal y no se inició ninguna carpeta de investigación por estos delitos.

Los datos, obtenidos a través de una solicitud de información dirigida a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), revelan que Puebla mantiene un patrón constante en la presentación de denuncias por este tipo de delitos ambientales.

En 2018 se reportaron 116 denuncias, mientras que en los años siguientes las cifras se mantuvieron altas:

• 2019: 108
• 2020: 107
• 2021: 88
• 2022: 122
• 2023: 95
• 2024: 84
• 2025 (marzo): 17

A pesar de ello, sólo en 2022 se presentó una denuncia penal, sin que se iniciara investigación formal alguna.

Regiones vulnerables en Puebla

Las zonas con mayor incidencia de tala ilegal en el estado suelen coincidir con regiones de alta cobertura forestal, en particular la Sierra Norte, la Sierra Negra y Chignahuapan, donde existen extensas áreas de bosques de coníferas y encinos.

En estas regiones, factores como la expansión agrícola y ganadera, así como la construcción de infraestructura, son catalizadores frecuentes de la deforestación y la tala clandestina.

¿Qué implica la tala ilegal?

La tala ilegal se refiere a la extracción de recursos forestales sin autorización de las autoridades competentes.

Este delito federal incluye prácticas como cortar árboles sin permisos, transportar o comercializar madera de origen ilícito, intervenir en zonas protegidas o sobreexplotar áreas con autorización limitada.

Impactos ambientales y sociales

La deforestación, producto de la tala ilegal, genera consecuencias graves: pérdida de biodiversidad, alteración de los ciclos del agua, aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, así como desplazamiento de especies animales y vegetales.

A nivel económico, afecta a las comunidades forestales, reduce los ingresos legales por aprovechamiento del bosque y fomenta cadenas ilegales vinculadas incluso a delitos mayores. (PSR)