La diputada Norma Estela Pimentel, excomisionada del Itaipue, afirmó que la desaparición de dicho organismo no será un obstáculo para que la transparencia gubernamental deje de ser clara y objetiva.

El 29 de mayo, sin discusión alguna, la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso del Estado aprobaron la disolución del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue). Como resultado, algunas atribuciones de este organismo autónomo fueron transferidas al gobierno estatal.

La legisladora consideró que este cambio representa un paso importante para fortalecer la transparencia en todos los niveles de gobierno, y aseguró que se trata únicamente de una reestructuración administrativa que no afectará dicho principio.

La también exintegrante de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) señaló que este proceso permitirá dejar de utilizar organismos autónomos como refugio para ocultar información, como ocurrió en administraciones anteriores.

Pimentel recordó que durante su paso por el Itaipue detectó diversas irregularidades, entre ellas la falta de un servidor que concentrara las bases de datos gubernamentales, así como el uso del instituto por parte de exgobernadores para mantener en reserva información pública.

“En su momento no se permitía abrir la información; ustedes lo recordarán muy bien, como en el caso de los datos del Museo Barroco, que fueron bloqueados”, expresó.

Añadió que con las nuevas disposiciones y la creación de la Ley de Transparencia —remitida por el gobierno estatal al Congreso— se busca mejorar el ejercicio de este derecho ciudadano.

“Estoy segura de que la nueva estructura contará con herramientas necesarias, y que también podremos fortalecerla con otras mejoras”, puntualizó.

Tras la reforma a la fracción VII del artículo 12 y la eliminación del inciso e) del artículo 87 de la Constitución local, el Itaipue fue oficialmente suprimido.

En consecuencia, el gobierno del estado informó que la transparencia será garantizada a través de diversas áreas de la administración pública y del Instituto Electoral del Estado (IEE).

Además, se propuso que el Tribunal de Arbitraje del Estado supervise a las autoridades garantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado.

En el caso de los partidos políticos, el órgano encargado de la vigilancia será el IEE, mientras que para los ayuntamientos, la instancia responsable será el Órgano de Control Interno del Ejecutivo estatal. (PSR)