La Cámara de Diputados avaló este lunes cambios a la Ley Antilavado y al Código Penal Federal, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las reformas a la LFPIORPI fueron aprobadas con 349 votos a favor, tanto en lo general como en lo particular.

La propuesta se realizó tras recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que evaluará a México respecto al lavado de dinero en cooperación y financiamiento del narcotráfico.

Javier Corral Jurado, senador del partido Morena, realizó la iniciativa de la reforma, más temprano el funcionario defendió la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión en una entrevista con Aristegui Noticias.

Esta aprobación se realizó en el marco de que el Departamento de Tesoro de Estados Unidos acusara de narcolavado a tres instituciones financieras con sede en México: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.

Diversas figuras políticas alegaron que estas reformas afectarán a las empresas mexicanas, especialmente las que no son multinacionales.

Coparmex ante reformas a la Ley Antilavado

La normativa de prevención del lavado de dinero podría afectar la operación de las empresas, señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en un comunicado de prensa.

Indicó que dentro de las compañías afectadas se encuentran las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes), que representan el 99 por ciento del entramado productivo nacional.

“Nuestra inquietud se centra en la sobrerregulación que implica esta reforma, al ampliar significativamente las obligaciones para quienes realizan actividades vulnerables”, publicó la confederación.

Acorde con su comunicado de prensa las reformas obligan a MiPymes y otras compañías a lo siguiente.

• identificar y conocer a todos sus clientes mediante documentación oficial y, en el caso de personas morales, recabar información detallada sobre los beneficiarios
• Monitorear y avisar operaciones, lo que amplía el universo de transacciones sujetas a fiscalización por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT)
• Restricción al efectivo, lo que no refleja la realidad del país, con relación a la falta de bancarización de muchos clientes
• Inversión significativa en infraestructura tecnológica, capacitación constante del personal y contratación de servicios externos para garantizar la ejecución (PSR)