El Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) propuso derogar la Ley de Ciberasedio y blindar el Código Penal para castigar el acoso cibernético aclarando que esto no debe acabar con la censura y que cualquier funcionario público que lo cometa sea sancionado.

El Igavim detalló que los diputados del Congreso del Estado deben reformar la Ley de Ciberasedio que aprobaron el pasado 12 de junio, ya que es redundante a lo que establece el artículo 278 Nonies del Código Penal y que habla sobre ciberacoso.

El organismo señaló que esta situación complica la labor judicial y ministerial para diferenciar ambos casos, lo que provocará que se debilite la seguridad judicial al coexistir dos tipos penales para tratar los delitos digitales.

El Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal consideró necesario derogar el artículo 480 del Código Penal de Puebla, #LeyCiberasedio, y blindar el derecho humano a la libertad de expresión. Pero también sancionar a los funcionarios que usen… pic.twitter.com/qLW0UEOL0s

— Periódico e-consulta (@e_consulta) June 25, 2025

Por ello, el Igavim propuso que se derogue el artículo 480 a fin de que su contenido pase a formar parte del artículo 278 Nonies, aclarando que la Ley de Ciberasedio no aplicará para funcionarios públicos.

En ese contexto, el Igavim estableció que los diputados podrían tomar en cuenta sancionar a los actores públicos que usen el Código Penal para tratar de censurar, a fin de evitar que la libre expresión se esté violentando.

La pena propuesta por el instituto para funcionarios públicos que incurran en la censura es de una inhabilitación del servicio público de 10 hasta 15 años.

Desde el Congreso del Estado ya se preparan diversas modificaciones al Código Penal a fin de cambiar la Ley de Ciberasedio, sin embargo, no se piensa eliminar dicho artículo.

La coordinadora de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez, detalló que las modificaciones irán enfocadas a proteger la libertad de expresión de los periodistas y aclarar que los funcionarios públicos son propensos al escrutinio público. (MIG)