La llamada Ley contra el Ciberasedio, aprobada por el Congreso de Puebla, presenta vicios de inconstitucionalidad y amenaza el derecho a la libertad de expresión, advirtió el abogado constitucionalista Luis Rodríguez Alemán. Señaló que la norma utiliza conceptos imprecisos y deja a discreción de los jueces la interpretación de lo que constituye un delito.

Rodríguez Alemán explicó que esta ley penal vulnera el principio de taxatividad, el cual exige que las normas penales sean claras y específicas al definir las conductas prohibidas y las sanciones correspondientes.

El abogado cuestionó el uso de términos como “insulte, injurie, ofenda, agravie o veje”, así como expresiones ambiguas “con la insistencia necesaria” y la referencia a “cualquier espacio digital”, puesto que considera que todas son formulaciones vagas que pueden prestarse a múltiples interpretaciones subjetivas.

“Esa indeterminación genera incertidumbre jurídica y deja en manos del juzgador la configuración del delito”, puntualizó.

También alertó que la ley no establece criterios objetivos que delimiten con claridad la conducta sancionable ni precisa cuántas veces o durante cuánto tiempo debe repetirse un acto para que sea considerado delito.

“No se fija un umbral claro que distinga la conducta punible del ejercicio legítimo de la libertad de expresión”, subrayó.

Luis Rodríguez Alemán advirtió que la norma puede afectar este derecho fundamental al sancionar manifestaciones en plataformas digitales sin cumplir con los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad que exige la Constitución.

“La ley podría ser utilizada para inhibir discursos protegidos, como opiniones críticas, denuncias ciudadanas o expresiones incómodas en redes sociales”, señaló.

Y agregó: “Criminalizar una ‘ofensa’ de forma abstracta, sin contexto, es equivalente a castigar la libre expresión de ideas que pueden resultar molestas o impopulares, lo cual es incompatible con un sistema democrático”.

Cuestionó que la redacción del artículo no especifica el lugar donde se considera consumado el delito, lo que genera incertidumbre sobre su aplicación práctica.

“Al no diferenciar entre conductas cometidas dentro o fuera del Estado de Puebla, la disposición podría dar lugar a una aplicación extraterritorial arbitraria”, concluyó.

La Ley contra el Ciberasedio entró en vigor el 13 de junio, luego de que el decreto fue publicado tras su aprobación un día antes en el Congreso del Estado. Desde entonces, ha generado diversas opiniones en contra en redes sociales. (PSR)