En Puebla, más de la mitad de sus municipios registraron promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria durante el último ejercicio fiscal 2023. Estos procedimientos permiten investigar presuntas faltas o irregularidades cometidas por servidores públicos y, en su caso, aplicar sanciones conforme a la ley.

De los 217 municipios poblanos, 117 enfrentaron este tipo de procedimientos por presuntas omisiones o irregularidades en el manejo de recursos públicos. Las principales faltas incluyen el incumplimiento de plazos, la omisión en la entrega de documentación, la falta de supervisión en la ejecución de contratos y pagos sin sustento.

Amozoc y San Andrés Cholula, con más casos

Amozoc y San Andrés Cholula figuran entre los municipios con más promociones, acumulando cinco cada uno.

En el caso de Amozoc, una de las sanciones fue por omitir sus obligaciones conforme a la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, específicamente en el área de seguridad pública.

Las demás se relacionan con la omisión en la integración de documentación comprobatoria del gasto y fallas en los procedimientos de adjudicación y contratación.

San Andrés Cholula también incurrió en faltas similares, se detectaron omisiones en la vigilancia de documentación del gasto público, procesos de adjudicación y ejecución de obras.

Otras irregularidades en municipios

Otros municipios presentaron faltas diversas, entre ellos se encuentra Atexcal, donde se otorgaron descuentos en el impuesto predial sin verificar la documentación oficial de los contribuyentes.

Chignautla no supervisó adecuadamente la baja definitiva de 144 bienes municipales y no cumplió con sus obligaciones en el tiempo establecido, tampoco cumplió con el convenio entre municipios para financiar el funcionamiento del Centro Penitenciario de Teziutlán, según los documentos emitidos por la Secretaría de Seguridad Pública.

En San Juan Atzompa se detectaron pagos de multas y recargos al SAT utilizando recursos públicos, lo que representa una posible irregularidad.

Santa Catarina Tlaltempan también aplicó descuentos prediales sin comprobar la identidad de los beneficiarios mediante credenciales del INE o Inapam.

En tanto, Cuyoaco recaudó ingresos propios, pero no los destinó a los objetivos y metas establecidos, a pesar de que dichos recursos estaban debidamente registrados. (MIG)