Vecinos del fraccionamiento Torres Mayorazgo Floresta, ubicado en la ciudad de Puebla, interpondrán una denuncia ante el Ministerio Público en contra de Rafael Pérez Mendoza, exadministrador del conjunto habitacional.

Desde febrero pasado, las 512 familias del fraccionamiento enfrentan un bloqueo administrativo, pues Rafael Pérez Mendoza se ha negado a entregar el dinero de las cuentas bancarias, el token de acceso y los documentos del condominio.

Según las estimaciones, los ingresos del fraccionamiento ascienden a alrededor de 300 mil pesos mensuales por concepto de cuotas de 700 pesos de cada uno de los condóminos.

Rafael Pérez Mendoza, quien es además director de membresías de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Puebla, aparece en el sitio oficial de dicha agrupación promoviendo su imagen como impulsor de carreras en el sector inmobiliario.

Por lo anterior, vecinos de Torres de Mayorazgo Floresta hicieron un llamado a la propia AMPI para que indague quién es realmente este personaje, por su negativa a entregar los recursos de una comunidad de poco más de 500 familias.

El conflicto administrativo no es menor; las afectaciones han alcanzado a adultos mayores y personas con discapacidad, quienes enfrentan riesgos graves por la falta de mantenimiento en los elevadores.

La imposibilidad de acceder a los fondos del fraccionamiento ha frenado las reparaciones y ha dejado sin salario al personal de labores básicas, quienes han accedido a trabajar de “fiado”, lo que agrava aún más la precariedad del entorno.

A pesar de que los condóminos continúan pagando su mantenimiento puntualmente, Pérez Mendoza ha decidido, de forma unilateral, qué servicios se cubren y cuáles no, generando un ambiente de incertidumbre y malestar entre los residentes.

Se desconoce el destino de los recursos recabados en este periodo, pues no ha habido una entrega formal de cuentas ni informes detallados sobre el estado financiero del fraccionamiento.

Por lo anterior, los vecinos del fraccionamiento cuestionan cómo alguien con este nivel de irresponsabilidad y opacidad puede seguir ocupando un puesto dentro de una asociación que presume profesionalismo y ética en el sector inmobiliario y piden tanto la AMPI como las autoridades municipales y estatales tomen cartas en el asunto, pues la integridad de la comunidad está siendo comprometida.

Los residentes de Torres Mayorazgo Floresta insisten en que no pueden seguir siendo rehenes de un exadministrador que se aferra al control con fines que ya resultan más que sospechosos.

La denuncia ante el Ministerio Público será el primer paso en la búsqueda de justicia y restitución de su derecho a vivir en un entorno funcional, transparente y seguro. (MIG)