Castigar con hasta 10 años de cárcel a personas que por medio de falsas ofertas de empleo engañen a mujeres para abusar de ellas o probarlas de su libertad y realizar trata de personas con ellas es la iniciativa que se presentó este día en el Legislativo poblano.

La diputada de Acción Nacional (PAN), Celia Bonga Ruiz, fue quien propuso una reforma el artículo 10 de la Ley para prevenir y Erradicar los delitos en materia de trata de personas y adicionar el artículo 479 al Código Penal del Estado de Puebla.

Explicó que esta iniciativa busca prevenir actos de violación o trata de personas en entrevistas de trabajo donde se oferten empleos con salarios altos que solo buscan atraer a mujeres mayores de 18 años.

Bonaga Ruiz detalló que estos crímenes comienzan principalmente en redes sociales donde se publican falsas ofertas de empleo para las jóvenes estudiantes donde se enfatiza sean atractivas y guapas.

Reveló que una de las paginas donde se ofertan estos empleos es en CompuTrabajo, donde se solicitaban empleadas para un motel en Puebla. El portal ya borró la publicación.

“La iniciativa salió por un grupo de padres donde nos denunció esta página, porque las estudiantes asisten cuando les ofrecen una gran oferta laborar y solo las engañan”, dijo.

En Puebla opera red que violenta mujeres a través de ofertas laborales falsas

El 15 de enero de este año una joven poblana respondió a una falsa oferta de empleo; el anunció solicitaba una anfitriona —hostes— para un establecimiento de Angelópolis ubicado sobre avenida Reforma.

Al llegar al sitio los presuntos empleadores la obligaron a subir a un vehículo que la trasladó a un motel del bulevar Forjadores, en donde tres sujetos la agredieron sexualmente.

Tras la denuncia de estos hechos el colectivo Redefine denunció que en Puebla se encuentra operando una red dedicada a este tipo de estafas. Sus actividades abarcarían desde los abusos hasta desapariciones forzadas y trata de personas.

Esta iniciativa pasará a la comisión de Procuración de Justicia del Legislativo poblano para su análisis y posteriormente volverá al Pleno del Congreso para determinar si se aplicará o no. (JRLM)