Donald Trump, presidente de Estados Unidos, implementó medidas que afectan a alrededor de 550 mil migrantes cubanos en Estados Unidos, al revocarles programas que facilitaban la obtención de su residencia permanente, conocida como Green Card.

El programa humanitario eliminado es "parole", instaurado por la administración de Joe Biden, que permitía a migrantes residir y trabajar temporalmente en el país.

Ahora migrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos estarán en una situación legal incierta, con el riesgo de ser deportados.​

Quienes ya eran beneficiarios de "Parole" recibieron notificaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) exhortándolos a abandonar el país antes del 24 de abril. De no hacerlo así, podrían llevarse a cabo expulsiones aceleradas.

Organizaciones de derechos humanos consideran estas deportaciones una violación

Organizaciones de derechos humanos, como CHIRLA, UndocuBlack y CASA, Inc., emitieron denuncias contra el gobierno de Trump, bajo el argumento de que las deportaciones aceleradas violan los procesos legales.

Además, la administración norteamericana detuvo el proceso de residencia permanente para ciertos refugiados y solicitantes de asilo, porque resguardaba a su nación de fraude e inseguridad.

La Base Naval de Guantánamo

Asimismo, el presidente Trump ordenó la habilitación de un centro de detención en la Base Naval de Guantánamo, Cuba, con capacidad para 30 mil migrantes considerados "delincuentes de alta prioridad".

El gobierno cubano dijo que no está convencido de la viabilidad de las deportaciones masivas, señalando que cualquier propuesta de esa magnitud debe examinarse dentro de los acuerdos migratorios existentes entre ambos países. ​

Restricciones a las solicitudes de asilo

Las nuevas reglas dictan que sólo podrán ser candidatos aquellos migrantes que hayan solicitado protección en otro país antes de llegar a Estados Unidos.

Trump también ha extendido el uso de las "deportaciones exprés", un mecanismo que permite expulsar a los migrantes sin una audiencia judicial, si no hacen constar que han estado en el país al menos dos años. (MCJ)