Fernanda Cardoso Caballero, académica del Departamento de Ciencias Sociales de la Ibero Puebla y experta en temas de seguridad, explica que la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas no es un cambio favorable para el país.

El 28 de enero de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una serie de disposiciones que tienen efecto directo en múltiples aspectos que rodean al territorio mexicano. Una de estas órdenes fue la designación de múltiples cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas”.

Este decreto se formalizó a través de una orden ejecutiva en la que se incluye a seis organizaciones criminales mexicanas en esta taxonomía: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, el Cártel del Noroeste, el Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana.

Esta clasificación específica del gobierno estadounidense ha desatado múltiples reacciones a nivel internacional, pues esto implica la consideración de estos grupos como una amenaza significativa para la seguridad nacional de Estados Unidos, y, por tanto, se justifica la respuesta militar desde Washington.

Al respecto, la académica Fernanda Cardoso Caballero explica que esta orden responde a una historia de tensión entre ambas naciones respecto al tráfico de drogas, y la acción puede activar ciertos mecanismos de intervención y militarización extranjera en el país, lo que marca un panorama complejo geopolíticamente y de manera interna.

Entre las acciones que justifican la intervención militar en territorio nacional son el Acta Patriótica, la Ley en Contra del Patrocinio de Grupos Terroristas, y la que tiene más peso en lo militar, la promoción de campañas militares en México, misma que “afecta directamente la soberanía del país”, explicó la académica. (MIG)