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Fiscalía y hospital de Izúcar condicionan entrega de cuerpos: familiares

  • Ernesto Álvarez
Los denunciantes sospechan de un acuerdo entre la Fiscalía y la empresa funeraria, propiedad del exregidor de Gobernación, Javier Rodríguez
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Familiares de personas fallecidas en Izúcar de Matamoros denunciaron que tanto el Hospital General de Izúcar de Matamoros como la Fiscalía de Investigación Regional imponen la contratación de servicios funerarios con la empresa “El Señor de la Misericordia” para agilizar la entrega de los cuerpos.

Según testimonios, el personal del nosocomio o de la Fiscalía contacta directamente a esta funeraria cuando ocurre un deceso, sugiriendo o incluso exigiendo que los dolientes contraten sus servicios para no demorar los trámites legales.

“Hay un licenciado, creo que se apellida Díaz, que nos dice que no debemos acudir a ninguna funeraria, que debe ser con El Señor de la Misericordia. Es libertad de cada persona o familia buscar los servicios a la posibilidad económica que tenemos, no el que nos quieran imponer”, indicó uno de los afectados.

El caso más reciente involucra los cuerpos de cuatro personas fallecidas durante un ataque armado en el cementerio de Viborillas de Hidalgo, municipio de Chietla.

Hasta la tarde del 9 de enero, los cadáveres permanecían en el Servicio Médico Forense (Semefo) sin ser entregados a sus familiares, quienes aseguraron que el proceso se alargaría si no contrataban a la funeraria señalada.

Además, los denunciantes sospechan la existencia de un acuerdo económico entre la Fiscalía y la empresa funeraria, propiedad de Javier Rodríguez Tlatelpa, exregidor de Gobernación.

Según sus quejas, aceptar los servicios de esta funeraria garantiza rapidez en la autopsia y entrega de los cuerpos, mientras que recurrir a otra opción genera demoras.

El Señor de la Misericordia, con sucursales en varias comunidades de la región, publicita paquetes todo incluido, asesoría jurídica gratuita y servicios adicionales como rondalla para los sepelios. Sin embargo, los familiares consideran estas prácticas una imposición económica y emocional que afecta su derecho a elegir. (APP)

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