Tanto la presidenta de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández Díaz, como el alcalde de Cuautlancingo, Omar Muñoz Alfaro, respaldaron la iniciativa de reformar el Código Penal para imponer inhabilitación perpetua y hasta 15 años de prisión a los funcionarios o ex munícipes que dañen el erario. Esta reforma es conocida como la “Ley Domínguez”.

En entrevistas por separado, coincidieron con su homólogo de Puebla, José Chedraui Budib, quien también expresó su apoyo a la “Ley Domínguez”. Chedraui señaló que los presidentes municipales salientes dejaron un déficit financiero considerable.

Muñoz Alfaro reconoció que muchos de los actuales munícipes enfrentan grandes desafíos, pero destacó que, solo mediante la unidad y con un corazón de servicio, podrán resolver los problemas y sacar adelante a sus comunidades.

Aseguró que no hay excusas, pues siempre se pueden encontrar soluciones a través de propuestas de políticas públicas.

Por su parte, Fernández Diaz resaltó que todos los alcaldes deben priorizar la transparencia y la rendición de cuentas. Afirmó que no pueden ser omisos y, por ello, es fundamental realizar una revisión exhaustiva de los recursos públicos.

Recordó que, durante su tiempo como diputada local, exhortó a los ayuntamientos a dejar recursos suficientes para que las nuevas gestiones, independientemente de su partido, pudieran iniciar obras y cubrir los gastos corrientes.

Señaló que es crucial aplicar sanciones en caso de que expresidentes municipales hayan malgastado el dinero, comprometido los recursos o, peor aún, dejado deudas que afecten a los municipios.

En el caso de San Pedro Cholula, explicó que se encontró una deuda de varios años atrás, que se dará a conocer próximamente.

Hace una semana, la diputada local del Verde Ecologista (PVEM) y expresidenta del DIF en dicha demarcación, María de la Barreda Angon, presentó una iniciativa en el Congreso de Puebla para implementar la inhabilitación perpetua de funcionarios públicos que hayan atentado contra las finanzas públicas.

Esta propuesta busca asegurar la continuidad administrativa y promover los principios de responsabilidad, legalidad, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública. Para sustentarla mencionó específicamente los hechos ocurridos bajo la gestión del expresidente municipal Adán Domínguez Sánchez, en Puebla capital. (APP)