El 53 por ciento de los mexicanos no tiene conocimiento sobre qué es la reforma judicial que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que será discutida hoy por los legisladores del Congreso de la Unión, de acuerdo con una encuesta realizada por El Financiero.

En contraparte, 41 por ciento de los encuestados aseveró que están a favor de la reforma judicial y que tienen conocimiento de qué trata, pues en caso de que la propuesta sea aprobada se podrán elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través de la votación popular y durarían de ocho a 14 años, dependiendo de los resultados en las urnas.

Respecto al 6 por ciento restante, mencionaron “no sé” como respuesta ante si sabían o no sobre la reforma judicial.

La muestra de la encuesta de El Financiero fue realizada a través de llamadas telefónicas, donde 528 mexicanos adultos participaron en ella del 22 al 26 de agosto de 2024.

¿De qué va la reforma judicial?

La reforma al Poder Judicial forma parte de un paquete de 20 iniciativas que presentó López Obrador el pasado 5 de febrero a los legisladores del Congreso de la Unión para modificar la Constitución mexicana.

La reforma judicial propone que el artículo 95 de la Constitución sea modificado para elegir a los jueces por voto directo y secreto en un periodo de 12 años, ya que actualmente es un periodo de 15 años los que pueden estar bajo ese título.

En el caso de los magistrados de la SCJN, los elegidos por medio de una votación durarían en el cargo de ocho, 11 o 14 años, pero dependerá de la elección popular el tiempo en el que permanecerán con dicho puesto.

Actualmente los ministros son propuestos por el presidente mediante una terna y quien resulte ganador debe ser respaldado por dos terceras partes de los senadores, mientras que los magistrados son nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

En caso de que la reforma judicial sea aprobada, en 2025 se elegirían a los jueces y magistrados por medio de una elección donde la población decidiría quiénes son las personas que deben ocupar dichos cargos.

Entre los cambios que se plantean con dicha reforma, se busca que el Consejo de la Judicatura Federal sea reemplazado por dos instituciones: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, que se encargarían de investigar a miembros del Poder Judicial por actos contrarios a la ley.

Las nuevas reglas procesales incluyen justicia expedita con plazos más cortos, prohibición de suspensiones contra leyes en ciertos casos, elección directa de jueces en estados y la reintegración de fideicomisos judiciales a fondos de pensiones.

Las críticas de trabajadores del Poder Judicial, quienes están en paro indefinido de labores a manera de rechazo ante la reforma, mencionan que lo propuesto por el presidente amenaza la independencia judicial y podría socavar la democracia en México, mientras tanto, López Obrador la defiende, alegando que sólo los poderosos se oponen a limpiar de corrupción al Poder Judicial. (MIG)