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Senado pospone discusión de Ley General de Datos Biométricos

  • María Gutiérrez
Los funcionarios solicitaron más tiempo para que esta iniciativa sea analizada, pues involucrar los datos de las personas es un tema “delicado”
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El debate sobre la Ley General de Operaciones de los Registros Civiles fue pospuesto por la Comisión de Gobernación del Senado de la República, tras ser aprobada en 2023 en la Cámara de Diputados. La iniciativa busca que la Secretaría de Gobernación (Segob) concentre los datos biométricos de los ciudadanos.

De acuerdo con Mónica Fernández Balboa, presidenta del grupo parlamentario de Morena, los funcionarios recibieron una notificación de Martín Adolfo Santos Pérez, juez octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, donde hacía referencia a un amparo para la discusión de la ley.

Respecto a esto, la senadora por Morena Rocío Abreu y la bancada de la oposición solicitaron más tiempo para que esta iniciativa sea analizada, pues al involucrar los datos de las personas es un tema “delicado”.

“Pediría poder tener un poco más de tiempo para tener un análisis completo para un tema tan delicado”, indicó.

Tras la petición, Fernández Balboa informó que se agendará una nueva fecha para realizar otra sesión y que en esta la ley sea votada para posteriormente llevada al pleno.

El proyecto que se iba a discutir el 25 de junio en la Comisión pretende la creación de un Sistema Nacional de Registro e Identidad (SID) como una herramienta informática que tendrá los datos biométricos y personales de la población y que será manejada por la Segob.

¿De qué trata la Ley General de datos biométricos?

La Cámara de Diputados aprobó, en marzo de 2023, una reforma que busca regular las operaciones de las oficinas de Registro Civil en México y concede el control de los datos a la Secretaría de Gobernación. La propuesta fue aprobada con 299 votos a favor, 131 en contra y 19 abstenciones.

Según lo informado, la Ley busca que el derecho a la identidad y el acceso al Registro Civil sea garantizado, asimismo, que se facilite la obtención de certificados de identidad jurídica de los ciudadanos.

“El objeto de la ley es garantizar el derecho a la identidad de las personas y el acceso a los servicios que proporciona el Registro Civil, así como a los documentos y constancias en los que conste su identidad jurídica; establecer los mecanismos para garantizar el derecho de toda persona mexicana a ser registrada después de su nacimiento”, reza el documento.

Uno de los principales ítems de la reforma es que la inscripción de nacimientos y defunciones sean gratuitas, esto incluye los documentos solicitados para los registros y expedición del primer acta. Al parecer, la Dirección General del Registro civil asumiría el manejo de inscripción de los libros del Registro Civil.

La propuesta también apunta a la creación del Consejo Nacional del Registro Civil, que se encargará de la coordinación interinstitucional de los procedimientos, y se instituirá el Sistema Nacional de Registro e Identidad, que permitirá elaboración de actas.

Si bien esta Ley General ha sido aprobada con la mayoría de Morena, quienes argumentan que con esto se mejorará la administración de los datos, la bancada de la oposición ha señalado su preocupación por el manejo y la seguridad de los datos.

Uso de datos biométricos en otros países

El mismo día que la Ley General iba a ser discutida en México se dio a conocer que los países Guatemala, Honduras y El Salvador firmaron un convenio para colaborar en el manejo de datos biométricos, esto con el fin de mejorar la seguridad en sus fronteras.

El acuerdo fue firmado por Gustavo Sánchez, secretario de Estado del Despacho de Seguridad de Honduras; Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, y Francisco Jiménez, ministro de Gobernación Interior de Guatemala.

Tras el convenio, el gobierno guatemalteco afirmó que con esto se ampliarán las condiciones para las consultas entre las tres naciones, puesto que el manejo de los datos generados con la información biométrica busca luchar contra la “delincuencia transnacional”.

“El nuevo convenio permitirá trazar una hoja de ruta en la que las instituciones de seguridad compartan entre sí información para la detección de vulnerabilidades y así evitar que personas acusadas de crímenes transiten por estos países”, señaló. (MCJ)

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