El titular de la Secretaría de Administración, Jesús Ramírez Díaz, dio a conocer que la Secretaría de Marina (Semar) pagará 198 millones de pesos al gobierno del estado por adquirir el Tren Turístico Puebla-Cholula.

Durante su comparecencia ante los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, como parte de la glosa del informe del gobernador Sergio Salomón Céspedes, el secretario de Administración señaló que se realizaron avalúos de los tres bienes que lo componen: vagones, vías e inmuebles.

Estos se llevaron a cabo para saber cuál sería el monto por el que podría realizarse la compraventa de la obra morenovallista en caso de decantarse por dicha posibilidad.

También comentó que, durante 2023, se analizó la viabilidad de que Carreteras de Cuota Puebla (CCP) retomara el servicio de transporte público con la obra que dejó de funcionar durante el gobierno barbosista, sin embargo, se decidió por la venta del mismo.

"Se hizo un avalúo de los tres bienes [vagones, vías e inmuebles] para saber cuál sería el monto en el que podría hacerse esta compraventa mediante un convenio de colaboración entre la Federación y el estado (...). Estábamos esperando un tercer avalúo que a principios de este año nos fue otorgado y con eso se desencadena el proceso de formalización de la venta, estamos hablando de más de 198 millones de pesos", detalló.

El jueves 24 de agosto, el Congreso del Estado dio cuenta del oficio SA/127/2023, en el cual se encuentra la intención de compra por parte de la Semar, para que el Tren Turístico forme parte del Tren Interoceánico que va de Veracruz a Oaxaca.

El documento, enviado por el titular de la Secretaría de Administración, Jesús Ramírez Díaz, detallaba la intención de ejercer el derecho de preferencia consignado en el título de “asignación respecto de equipo ferroviario y algunos bienes muebles” del tren.

Este medio de transporte inaugurado en la administración del exgobernador Rafael Moreno Valle cesó su funcionamiento a finales del 2021, debido a sus altos costos de operación y poca rentabilidad para la entidad.

De acuerdo con el gobierno estatal, durante los cinco años que estuvo activo, del 2016 a 2021, el costo de operación fue de 344 millones 240 mil 973.11 pesos y sólo se reportaron 4 millones 933 mil 855.15 pesos como ingresos.

Secretaría de Administración presume aumento salarial a burócratas

Asimismo, apuntó que durante el Ejercicio Fiscal 2023, el gobierno del estado de Puebla destinó mil 137 millones 899 mil pesos en incrementos salariales para 18 mil 792 servidores públicos.

El secretario estatal destacó que estos ajustes económicos no beneficiaron a los funcionarios de primer nivel y que su aprobación derivó después de 12 años no realizar un ajuste a los sueldos, mismo que significó un incremento salarial general del 6 por ciento al sueldo.

Reconoció que la medida benefició en especial a 3 mil 677 servidores públicos operativos, quienes percibían ingresos por debajo del salario mínimo, mediante una nivelación de sus ingresos de hasta el 20.4 por ciento.

Ramírez Díaz dijo que otro sector beneficiado fueron los policías estatales, pues 6 mil 887 integrantes de la Secretaria de la Seguridad Pública (SSP) recibieron un aumento salarial con retroactivo al mes de enero del 2023.

Además, en materia de educación, 52 mil 264 docentes y administrativos recibieron un aumento de sueldo del 6 por ciento, así como del 2 por ciento en prestaciones, lo que representó una inversión de 765 millones de pesos.

El titular de la dependencia presumió que, de enero a diciembre de 2023, el gobierno estatal adjudicó 13 mil 938 millones de pesos para adquirir bienes, servicios y obras en la entidad.

Afirmó que se privilegió la licitación pública sobre la adjudicación directa, representando un 81 y 19 por ciento de los contratos, respectivamente. Además, dijo que la mayoría de empresas participantes, el 90 por ciento, fueron poblanas.

Añadió que se realizaron 310 procedimientos de adjudicación para la realización de 688 proyectos y obras, con una inversión de 6 mil 428 millones de pesos, para mejoras en infraestructura de agua, drenaje, saneamiento, vías terrestres, equipamiento educativo y recreativo. (JC)