Habitantes de la junta auxiliar de La Resurrección admitieron que hay decenas de locales comerciales que no están regularizados, y si bien no se oponen a pagar los derechos respectivos, si solicitan que se tome en cuenta el poder adquisitivo y la economía de la región para establecer tarifas.

Aseguran que tienen un acuerdo con el Ayuntamiento respecto al “no cobro de impuestos” por concepto de licencias de funcionamiento debido a que son una comunidad indígena.

Además, rechazaron que Adolfo Reyes Pérez Torres, presidente de la junta auxiliar de La Resurrección -quien se encuentra detenido- les haya expedido licencias de funcionamiento y permisos para poder operar algún negocio, por lo que las autoridades le están fabricando delitos.

“La presidencia no ha otorgado ningún permiso, porque se le está acusando al presidente de que otorgaba permisos, por usos y costumbre cada persona abre su tienda y cada uno paga su luz, pero no se paga nada a la junta auxiliar”, afirmó en entrevista para e-consulta, Máximo Cuatlaxahue Santamaría, consejero indígena.

Cuatlaxahue explicó que desde el fin de semana la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial inspeccionó al menos seis locales sin mediar palabra, para después realizar la clausura con sellos, bajo argumento de que los locatarios no tienen licencia de funcionamiento.

Denunciaron que los supervisores extorsionaron a los comerciantes, pues para que el negocio no fuera clausurado exigiendo montos de mil a los 5 mil pesos, pues de lo contrario pagarían una multa de hasta 15 mil pesos, sin embargo, al negarse les colocaron los sellos correspondientes.

Explicó que, desde marzo del 2012, durante la primera administración de Eduardo Rivera Pérez, firmaron un escrito con la Secretaría de Gobernación Municipal en el cual se acordó “limitar la revisión de las licencias de funcionamiento en las colonias y cabecera de la junta auxiliar”.

Dijo que en 2013 fue ratificado por la Comuna en donde se establecía lo siguiente: “Israel Chávez Chávez en su carácter de representante de la secretaría de gobernación municipal se compromete por este convenio a que ningún representante del ayuntamiento ya sea personal de vía pública, personal de la Secretaría de Obras Públicas y de Desarrollo Urbano, Unidad de Regulación y Normatividad haga presencia en la jurisdicción de la junta auxiliar por motivos de cobro de impuestos”.

Mientras que la Secretaría de Gobernación se comprometió al “no al cobro de impuestos por concepto de licencias de funcionamiento, licencias de construcción, comercio informal, comercio establecido, ni la presencia de ningún personal de regulación comercial y normatividad y por parte de la secretaría de seguridad pública estatal y municipal no tiene autorizado realizar operativos en cuanto al reordenamiento comercial en tanto no se aplique el convenio de colaboración”, convenio que fue reafirmado en 2022 por la actual administración municipal.

Cuatlaxahue Santamaría, reiteró que no están en contra de pagar impuestos y regularse ante las autoridades municipal, pero de acuerdo con la Ley de Derechos Indígenas, usos y costumbres para cualquier reforma, convenio, que afecte a los intereses de los indígenas debe efectuarse un plebiscito o consulta ciudadana, con el objetivo de socializar e informar de forma oportuna a los habitantes.

Comentó que en la junta auxiliar hay más de 200 establecimientos, entre locales de gorditas, tortillerías, tiendas, fondas, misceláneas y talleres mecánicos, los cuales no se encuentran regulados, por lo cual, habían solicitado al ayuntamiento se volviera a entablar una mesa de diálogo para que se ratificará el convenio que se tenía o en su caso se consultará a la población sobre el pago de impuestos.

“Estamos pidiendo que se haga el pago de impuestos, pero bajo un estudio socioeconómico debido a la situación que prevalece en la junta auxiliar de La Resurrección y porque somos una comunidad indígena, no es posible que paguemos una licencia de funcionamiento como si fuéramos el primer cuadro de la ciudad de Puebla”, expresó.

Finalmente, exigieron al alcalde Rivera Pérez que respete su autonomía, pues aseguran que al ser una comunidad indígena tienen su propio sistema normativo y dijeron que el Ayuntamiento debe realizar un plebiscito antes de implementar su nueva política pública.

El consejero indígena manifestó que la zona donde fueron los cierres es un ejido que no está regularizado por la Comuna, por lo que el Ayuntamiento no tiene facultad alguna.

“Se nos está acusando que estamos defendiendo botaneros, eso es mentira, pero el actuar de los de Normatividad es que llegan con varios vehículos amenazando a las tiendas y a las personas que están trabajando y les dicen que antes de que peguen (el sello) son 5 mil pesos. ¿Cómo plantean implementar esta medida si en zonas ejidales no tienen esa atribución alguna?”, comentó.