El juez de control de Tehuacán, Gabriel Pérez Rocha, ya no solo es acusado por la hija del periodista Marco Aurelio de cometer diversas irregularidades e incluso favorecer a los dos detenidos por el asesinato del comunicador y abogado, sino también por la propia Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE Puebla), quien anunció que interpondrá una queja contra el juzgador ante el Consejo de la Judicatura.

Así lo adelantó Ulises Sandal Ramos Koprivitza, fiscal especializado en Derechos Humanos, quien detalló en rueda de prensa todas las supuestas irregularidades en las que ha incurrido el juez de la causa.

Primer implicado en el caso

Sobre José Francisco, el primer detenido por el homicidio calificado cometido en agravio del periodista Marco Aurelio, el funcionario detalló que el día 15 de junio de 2023 el agente del Ministerio Público solicitó fecha y hora para la audiencia inicial por el delito de homicidio calificado, de tal forma que el juez fijó el 23 de junio para dicha audiencia, pero un día antes, el 22 de junio, notificó a la FGE que la audiencia sería diferida por problemas en su agenda sin que se diera fecha para que el agente del Ministerio Público pudiera formular imputación.

Debido a lo anterior, la representación social pidió de nueva cuenta fecha y hora al juzgador el 26 de junio, sin recibir respuesta; el MP reiteró su solicitud el 3 de julio notificando también a la presidencia del Consejo de la Judicatura del estado para la atención del caso, pero fue hasta el 4 de julio cuando el juez de control notificó que la audiencia se celebraría el 2 de agosto, es decir, casi un mes después de que se hizo la solicitud.

Adicionalmente, el mismo juez otra vez cambió la fecha, ahora adelantando la audiencia sin justificación alguna, programándola para el 7 de junio.

Finalmente, con relación a este imputado, el jurista lo vinculó a proceso el 12 de julio por homicidio calificado.

Proceso de segundo implicado

Sin embargo, el supuesto mal actuar del togado no acaba ahí, ya que su actitud dilatoria continuó con respecto al procedimiento en contra del segundo acusado en el asunto.

En este caso, el fiscal Ulises recordó que el 4 de septiembre de 2023, agentes estatales de investigación detuvieron a otro implicado, a Jesús Armando por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud, quien fue vinculado a proceso el 13 de septiembre por el mismo juez de control por los hechos descritos.

En esa misma fecha, el agente del Ministerio Público solicitó audiencia para formular imputación a este sujeto, pero por el delito de homicidio; el 14 de septiembre el juez señaló el 27 de septiembre para la audiencia.

Para el 21 de septiembre, el agente del MP pidió al juez que informara a la Fiscalía quién sería la defensa del imputado a efecto de que pudiera disponerse del contenido de la carpeta de investigación y que la FGE estuviera en aptitud de proveer las copias de la misma a la defensa del imputado, sin embargo, el 27 de septiembre de este año, el mismo juez decidió suspender la audiencia para que la defensoría pública pudiera imponerse del contenido de la carpeta e inusitadamente concedió diez días para dichos efectos y solo entonces volvería a fijar fecha para el desahogo de la audiencia.

Al concluir su intervención, acusó el fiscal de Derechos Humanos, el juez impuso una multa al MP atribuyéndole la omisión de no haber proveído la carpeta de investigación correspondiente a pesar de que el Ministerio Público había solicitado la información respectiva, comunicación oficial a la que el juez, a la fecha, no ha dado respuesta, además el juez solicitó que se iniciara una investigación administrativa en contra la representación social.

La Fiscalía también acusó que el juez Gabriel Pérez Rocha no otorgó al final de la audiencia el uso de la voz a ninguno de los intervinientes, vulnerando los principios jurídicos del sistema de justicia penal entre otras disposiciones.

A la par, la FGE adelantó que recurrirá a las medidas dispuestas por el juez de control en la instancia correspondiente y presentará la queja formal ante el Consejo de la Judicatura para que revise la actuación del juez de la causa.

El fiscal Ramos Koprivitza también compartió que la Fiscalía de Puebla tomó conocimiento sobre la denuncia interpuesta por la hija del periodista Marco Aurelio en contra del juez Gabriel Pérez Rocha por diversos hechos con apariencia de delito y será la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción quien determine lo que por derecho corresponda.

Por último, destacó que la institución procuradora de justicia continúa con las acciones necesarias para localizar a la tercera persona que cuenta con orden de aprehensión por el asesinato del periodista, además de que resaltó que las víctimas indirectas con quienes se tiene comunicación, desde el día de los hechos, cuentan con medidas de protección vigentes. (AD)