La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela (MIIIV) evidenció al régimen del presidente Nicolás Maduro por el constante ataque a los derechos humanos en su país, de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán en 2024.

A través de un informe presentado este 20 de septiembre por la presidenta de la misión, Marta Valiñas, se expuso ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una evaluación del tema a través de un periodo que abarcó de enero de 2020 al mes de agosto de 2023.

En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos estableció la Misión de la ONU sobre Venezuela.

Para investigar las violaciones a los DDHH cometidas en el país, al menos desde 2014.

Hoy #20Sep presentaron un nuevo informe contra estas violaciones.#LaONUdetermina ​ pic.twitter.com/jtompUZl9z

— PROVEA (@_Provea) September 20, 2023

Durante este periodo se evidenció con pruebas, abusos en contra de los derechos humanos en el país venezolano, donde se registró “al menos 5 privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración, y 58 detenciones arbitrarias”.

Adicionalmente, se documentaron 28 casos de tortura o tratos inhumanos y degradantes a personas detenidas, de los cuales 19 registraron violencia sexual y de género en contra de hombres y mujeres.

“En Venezuela siguen ocurriendo graves violaciones de derechos humanos. En años más recientes, estos incidentes han estado más dirigidos contra ciertos miembros de la sociedad civil, incluidos líderes sindicales, periodistas y defensores de derechos humanos”, explicó la presidenta de la misión.

De acuerdo con el informe, las estructuras represoras del Estado no se han desmantelado a pesar de las protestas de la población en contra del régimen a finales de 2020, lo que resultó en la intensificación de la reducción del espacio cívico y democrático en el país; incluyendo restricciones a las libertades individuales y colectivas.

Además, las amenazas, hostigamiento y vigilancia constante que, en conjunto con la difamación y la censura, han sido herramientas que el Gobierno Venezolano ha utilizado para silenciar a la oposición.

“En conjunto, estos dos tipos de mecanismos, ‘duros’ y ‘blandos’, conforman un aparato represivo del Estado usado con distintos niveles de intensidad, dependiendo de la naturaleza y la fortaleza de la disidencia social”, explicó Francisco Cox, miembro de la misión de la ONU.

Como ejemplo, los investigadores de la ONU destacaron el caso de seis sindicalistas que fueron condenados el pasado 1 de agosto a 16 años de prisión, “por la simple razón de reclamar mejoras laborales, después de haber sido detenidos arbitrariamente y de haber sufrido malos tratos en detención por más de un año”.

“Al criminalizar la participación en actividades legítimas, el Estado silencia y crea un efecto que amedrenta a cualquiera que se plantee participar en alguna acción que pueda percibirse como crítica al Gobierno”, acusó Patricia Tappatá Valdez, experta en la investigación.

Por ello y otros tantos más ejemplos, la ONU hizo un llamado a la comunidad internacional para tomar medidas certeras que atiendan la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela y que se lleve a los responsables a la rendición de cuentas. (MIG)