Al cierre de julio, en el estado de Puebla la cifra de robos y asaltos en el transporte público rebasó en 3.68 por ciento a lo registrado en el 2022, ya que en sólo siete meses del 2023 se registraron 507 de estos delitos, 18 más que los 489 que se reportaron del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Con base en la tabla de incidencia delictiva de la FGE, en lo que va de este año los asaltos al transporte público casi se duplicaron respecto a los primeros 7 meses del año 2022, cuando se contabilizaron hasta entonces 262 casos, es decir, 93.51 por ciento menos que lo registrado en el mismo periodo de este 2023.

Del total de robos y asaltos en transporte público, el 36.88 por ciento se ejecutaron con violencia, es decir, en 184 casos. Mientras que de los 262 casos registrados en el mismo periodo del año pasado, los robos con violencia representaron el 47.32 por ciento, al registrarse 124.

Incluso en junio de este año se perpetró el mayor número de robos en transporte público colectivo que en todos los meses de este 2023, con 108 casos; mientras que en julio se contabilizaron 74.

Desde inicio de este año el robo a transporte público presentó una tendencia a la alza, ya que en enero se reportaron 43 carpetas de investigación ante la FGE; en febrero, 54 casos; en marzo, 84; en abril, 73; en mayo, 71; en junio 108 y en julio, 74.

Más del 75 por ciento de todos los robos y asaltos en el transporte público se perpetraron tan sólo en la Puebla capital, con un total de 383 casos; 31.33 por ciento se ejecutaron con el uso de violencia, es decir, en 120.

De acuerdo con Arturo Balderas Moyano, director general de Corresponsabilidad en el Transporte S.C., la planeación y ejecución del programa de cámaras de videovigilancia debió estar a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y no de la de Movilidad y Transportes, cuya titularidad estaba a cargo de Guillermo Aréchiga Santamaría cuando se decretó el programa, cuya disposición fue usada como bandera a inicios de la administración para el aumento al pasaje de 6 a 8.50 pesos.

Según Balderas Moyano esto dio muestra de que la implementación de la campaña de instalación de cámaras de videovigilancia emprendida por el entonces gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta tuvo un enfoque equivocado.

Incluso el último reporte que el gobierno estatal dio sobre la instalación de cámaras de vigilancia a las unidades de transporte público fue de sólo 400 de las 36 mil concesiones, reportado por la entonces titular de la SMT, Elsa Bracamonte González.

Actualmente la Secretaría de Movilidad y Transporte, encabezada ahora por Omar Álvarez Arronte, lleva a cabo una depuración al padrón de concesiones y del parque vehicular del transporte en el estado de Puebla.

Así lo dijo Beatriz Manrique Guevara a principios de este mes cuando anunció los resultados de la primera etapa de la verificación vehicular, pues afirmó que la cifra de 36 mil concesiones podría ser menor.

Es así que en 7 meses asaltos al transporte público en Puebla superan a los del año pasado.