El Ayuntamiento de Acatzingo perdió un juicio por 17 millones de pesos derivado del presunto despojo de una fracción de terreno en el que actualmente se ubica el mercado municipal y que podría provocar la pérdida de otros cinco predios ubicados en la región a favor de la familia denunciante.

Por lo anterior, el presidente municipal, Abraham Martínez Jiménez, afirmó que hubo omisiones en el caso y destituyó a la síndico municipal Micaela Castro Solís, quien lo denunció por violencia política en razón de género ante el Instituto Electoral del Estado (IEE).

En rueda de prensa, desde el Italian Coffee en los portales del zócalo de la ciudad, Castro Solís acusó que el alcalde ha intentado removerla de su cargo por varias vías, argumentando que no está capacitada para el puesto y sólo ocupa el espacio para cumplir con el principio de paridad.

Asimismo, indicó que hay usurpación de funciones en el Cabildo, ya que el presidente municipal tiene a un equipo “que hace todo el trabajo” y ella y sus compañeros sólo acuden a firmar; sin embargo, dijo que no ha presentado las denuncias correspondientes ya que “no tiene cómo probarlo”.

La versión fue secundada por el abogado Juan Carlos Sandoval, quien, aunque representa al matrimonio de adultos mayores que están exigiendo el pago de los 17 millones de pesos por el despojo de su terreno, acudió a respaldar a la afectada.

Explicó que el juicio comenzó en marzo del 2019, en la administración del expresidente municipal morenista José Norberto Manuel Rosales García, por una queja que data del 2001, durante su primera administración; no obstante, la sentencia llegó hasta el 2022 y presuntamente fue aplazada por el Cabildo.

“Que el presidente municipal se atreva a decir que hasta hace unos días conoció de la situación es mentira. Ahora, nosotros estamos en la mejor disposición para llegar a un acuerdo, a través del diálogo, como abogado de los afectados”, explicó el jurista.

Síndico acusa violencia política de género

Luego de que fue removida de su cargo por el presidente municipal de Acatzingo, Abraham Martínez Jiménez, la síndico del Ayuntamiento lo denunció por violencia política en razón de género ante el IEE.

Su remoción ocurrió el 4 de agosto, en una sesión de Cabildo, cuando la acusó de ser omisa por no atender un proceso legal por el cual perderán 17 millones de pesos; no obstante, la afectada señaló que no contaba con los materiales para desempeñar sus actividades y darle seguimiento al tema.

Cabe recordar que el Congreso del Estado de Puebla es la única institución que puede remover a los integrantes de los ayuntamientos de los 217 municipios, a solicitud de las y los alcaldes, para que los diputados analicen el caso y resuelvan a favor de alguna de las partes.