La Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) remitió a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la demanda interpuesta por el diputado local Eduardo Alcántara, con la que intentará frenar su proceso de desafiliación.

El panista fue acusado por su compañera de partido, Erika de la Vega, por violencia política de género, acoso y hostigamiento sexual, hechos que fueron acreditados por los tribunales electorales federales y locales.

La queja fue recibida el 4 de agosto y quedó identificada con el expediente SCM-JDC-228/2023 en contra del órgano intrapartidista. El asunto será analizado por la magistrada María Guadalupe Silva Rojas.

“La resolución emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN en el recurso CJ/REC/004/2023 en que declaró infundados los agravios de la ahora parte actora en el medio de defensa intrapartidista que promovió para controvertir la decisión adoptada por la Comisión Permanente Estatal del PAN en Puebla”, se lee en los asuntos en instrucción.

Eduardo Alcántara Montiel se dijo inconforme con la sentencia dictada por el órgano intrapartidista, ya que a su consideración realizó un análisis indebido sobre la temporalidad y facultades para iniciar su procedimiento sancionador.

La noche del lunes 29 de mayo, la Comisión Permanente del PAN aprobó, con 25 votos a favor, expulsar al diputado local panista por cometer violencia política de género, acoso y hostigamiento sexual en contra de su compañera de partido Érika de la Vega Gutiérrez.

El pasado 30 de marzo, la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF determinó que Alcántara Montiel cometió acoso y hostigamiento sexual en contra de su compañera de partido Érika de la Vega Gutiérrez.

El 19 de abril, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) impuso como sanción la inscripción e Eduardo Alcántara en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, por un periodo de tres años, castigo que también impugnó.