Las resoluciones judiciales que han derivado en liberaciones de presuntos criminales en Puebla son objeto de impugnación y hasta de denuncias penales por parte de la Fiscalía General del Estado, así lo afirmó el titular de la dependencia, Gilberto Higuera Bernal.

Los casos de liberación de dos presuntos secuestradores, evidenciados en por el gobierno federal el pasado martes, así como del eclesiástico señalado de haber abusado sexualmente de un menor de edad en Aquixtla, son resoluciones jurídicas no acordes al fiscal general Gilberto Higuera Bernal.

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En rueda de prensa, Higuera Bernal anunció que además del mecanismo de impugnación contra la resolución del juez Aarón Hernández Chino por conceder liberación al diácono de Aquixtla, acusado de violación contra un menor de edad, la FGE ha ejercido una denuncia en su contra.

Lo anterior luego de que el jurista cedió a un amparo promovido por el religioso por el cual obtuvo su liberación el 17 de julio, tras permanecer dos años en prisión.

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Sobre esos mismos mecanismos de impugnación y acción legal serían objeto los jueces Roberto Antonio Domínguez Muñoz y Francisco Javier Martínez, expuestos además durante la conferencia matutina del gobierno federal, por haber concedido modificación a las medidas cautelares de dos presuntos secuestradores.

"Hemos presentado denuncias por la probable comisión de delitos cuando hay casos en los cuales es evidente la no sustentación o la aplicación que pudiera parecer deliberada en favor de algún impugnado".

Además aseguró que por lo menos en los tres casos se han presentado quejas ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Puebla, presidida por el magistrado Carlos Palafox Galeana.

Higuera Bernal reiteró que los mecanismos de impugnación y las denuncias pretenden procurar la “verdadera” justicia.

La Red Plural de Mujeres acusó que el diácono Gerardo fue liberado con apoyo, además del juez Aarón Hernández Chino, de un aparato integrado y patrocinado hasta por la Arquidiócesis de Tulancingo. Incluso la madre de la víctima menor de edad afirmó haber impedido el linchamiento al que se iba a exponer el propio religioso una vez que fue descubierto.

Por parte de los otros dos jueces, hasta el titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública federal, Luis Rodríguez Bucio, evidenció que la liberación de los impugnados vino acompañada de la falta de consideración de los togados sobre el riesgo que suponen los presuntos secuestradores ante las víctimas, los testigos y la comunidad en general.