Indemnizaciones que representarían entre 5 mil 500 millones de pesos y 7 mil millones de pesos, son las que el gobierno del estado tendría que pagar a Concesiones Integrales SA de CV por la cancelación de la concesión de los servicios de agua potable en Puebla, esto de acuerdo con el análisis que realizó el Congreso de Puebla respecto al documento de iniciativa presentado por SOAPAP, previa revisión de especialistas de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Por esta razón y porque a la administración de Luis Miguel Barbosa Huerta se le advirtió que la extinción de Agua de Puebla liberaría a Concesiones Integrales o de la obligación de invertir 2 mil 100 millones de pesos en obras hidráulicas para aumentar el suministro y sanear las descargas que llegan a los ríos, es que el Congreso de Puebla evaluó otras posibilidades antes que rescindir el contrato autorizado en el sexenio de Rafael Moreno Valle.

Lo anterior consta en el Periódico Oficial del Estado, del viernes 15 de julio de 2022, que da cuenta del posible desastre financiero que traería el término de contrato con Agua de Puebla y que SOAPAP retomara estos servicios.

Con anterioridad, desde 2019 el Gobierno de Puebla hizo público en su totalidad el Título de Concesión y sus anexos, permitiendo a la ciudadanía evaluar las circunstancias y al SOAPAP presentar propuestas viables basadas en datos y hechos reales.

Después del análisis financiero, operativo y legal realizado por SOAPAP y revisado por la Secretaría de Planeación y Finanzas, se presentaron dos opciones:

La primera implicaba extinguir la concesión, lo cual hubiera significado indemnizaciones millonarias y la asunción de la operación por parte de SOAPAP, con costos adicionales.

La segunda opción fue mantener la concesión, a pesar de los desequilibrios financieros provocados por factores como la pandemia, el congelamiento de tarifas y la acción de grupos que promovían el no pago de derechos por el suministro del agua.

El 5 de julio de 2022, durante una reunión del Consejo Directivo del SOAPAP, representantes de los municipios involucrados, autoridades estatales y diversos actores sociales, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la BUAP, aprobaron  la actualización tarifaria y la contratación de un crédito a cargo de la concesión para cumplir con sus compromisos de inversión.

Esta medida, después de un análisis técnico y financiero riguroso, exigió a la concesionaria duplicar la inversión realizada en los primeros siete años de su gestión, lo que se traducirá en mejoras palpables en el servicio de agua para más de mil colonias de la zona de cobertura de la ciudad de Puebla.

La aprobación de la estructura tarifaria propuesta por SOAPAP fue ratificada por el Congreso de Puebla, garantizando que el porcentaje de actualización no fuera mayor al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) trimestral.

Esto resultó en un ajuste de tarifas del 4 por ciento para las familias de bajos ingresos y de 7.76 por ciento para empresas y comercios, lo que protegió a los sectores más vulnerables frente a una inflación más alta.

Un año después, gracias al cambio de fórmula aprobada  por la LXI Legislatura, las tarifas sólo han aumentado 3.04 por ciento, y la concesionaria ha informado sobre el avance en inversiones ejecutadas en proyectos de agua y saneamiento que beneficiarán a la zona metropolitana.

El compromiso de la concesionaria para cumplir con una correcta prestación de los servicios y la mejora del sistema integral de saneamiento, también abre la puerta al rescate del río Atoyac en el corto y mediano plazo.

Esta decisión tomada hace un año representa un paso significativo hacia la mejora continua en el suministro de agua en la zona metropolitana de Puebla y es un referente para otras regiones que enfrentan desafíos similares.

Si el modelo funciona, podría considerarse como una alternativa exitosa para resolver la problemática de agua potable primero en todo el estado de Puebla y luego replicarse  en el país.