Guadalupe Grajales y Porras, investigadora de la BUAP, asegura que la modificación a la Ley Universitaria es ilegal, ya que no cuenta con los resultados de una consulta previa, libre e informada a toda la comunidad universitaria y a los órganos de gobierno competentes de la casa de estudios.

De acuerdo con la académica, la consulta se hizo a los individuos, no a la comunidad, a través de una plataforma de la cual preguntaban si estaban de acuerdo con mandar la propuesta al gobernador del estado de Puebla antes de que la hubieran leído. Por lo tanto, cualquier respuesta afirmativa o negativa era obviamente desinformada.

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Por ello, Grajales y Porras presentó un posicionamiento dirigido al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, a los diputados del Congreso del Estado de Puebla y al gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina en el que refiere la observación enunciada.

De esta manera, la investigadora asegura que el Artículo 2 de la Ley General de Educación Superior señala que cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas “deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes de la universidad … y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado".

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Dicha consulta no se llevó a cabo de manera libre porque a los trabajadores les pidieron capturas de pantalla para comprobar que habían entrado a la plataforma y a los estudiantes les dijeron que era obligatorio entrar a responder.

Consideró que “La supuesta consulta duró tres días hábiles y el hecho de que se haya aprobado de un día para otro, por unanimidad, nos da una idea de la nula discusión dentro del consejo universitario, tampoco se dio a conocer a los consejos de cada unidad académica y los consejos por función. Y nunca se votó explícitamente por el proyecto de modificación de la Ley de la BUAP”.

La académica refirió que en ninguno de los artículos de la propuesta de modificación a la Ley de la BUAP se afirma que la educación es un derecho, tal y como lo señala el artículo Tercero Constitucional: “Toda persona tiene derecho a la educación.” Y: “Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.” Y en la fracción IV: “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;”

Advirtió que el artículo 5 de la Propuesta de Modificación a la Ley de la BUAP señala que “La Universidad tiene facultades para: I. Crear, modificar y suprimir la organización académica y administrativa conforme estime conveniente para el cumplimiento de su objeto;” y el artículo 16 de la Propuesta señala “El Consejo Universitario es la máxima autoridad de la Institución y tiene como atribuciones exclusivas las siguientes: I. Elaborar, modificar o abrogar el Estatuto Orgánico, las normas y disposiciones reglamentarias de aplicación general encaminadas a regular la organización y funcionamiento de la Universidad”.

La maestra Guadalupe Grajales aseguró que ‘Suprimir’ y ‘abrogar’ constituyen las formas más violentas de cambiar la forma de vida universitaria y permiten hacerlo al margen de la comunidad.

Por último, la académica afirma que la Propuesta de Modificación a la Ley de la BUAP, que acusa que es inconstitucional e ilegal, legaliza la autarquía y viola los principios de certeza jurídica y de progresividad, apuntó.