Andrea Escobar, representante de la Red Puebla para Todos, urgió la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que fue aprobada por el Congreso de la Unión, pero no se ha legislado en el plano local, pues dijo que, de existir un transporte público accesible en Puebla, personas con discapacidad no tendrían la necesidad de subirse ‘arrastrándose’ a las unidades que, aunque a pesar de que pueden demostrar su capacidad, es algo que no es digno.

En entrevista, Andrea Escobar dijo que la falta de un transporte adecuado en Puebla constituye una barrera más a las que se enfrentan las personas con discapacidad, lo que la convierte en uno de los factores que derivan en una movilidad deficiente en el estado de Puebla.

Te recomendamos: Al menos 18 percances viales ocurren cada 24 horas en la ciudad de Puebla

Pese a que pudiera haber acciones gubernamentales que coadyuven en la movilidad segura de las personas con discapacidad, afirma que éstas no son suficientes ya que la instalación de rampas o infraestructura en las vialidades no se apegan a las normas y recomendaciones convenidas en el ámbito internacional.

Situación que se endurece contemplando la premisa de que la falta de oportunidades económicas para ellos, limita su acceso a transporte como taxis o servicio de plataforma, para llegar a sus destinos habituales como lo es el trabajo o la escuela.

Las noticias al momento: suscríbete al canal de Telegram de e-consulta

“Sería todo completamente diferente si hubiera un transporte accesible”, agrega al mencionar que, dentro de la pirámide de movilidad, las personas con discapacidad son ubicadas como la población más vulnerable.

A pesar de eso, indicó, todas las personas que usan la vía pública para su movilización están expuestas a adquirir accesibilidad como consecuencia de los accidentes viales. También la falta de estadísticas refleja una invisibilidad sobre el problema al que se enfrentan, aun sabiendo que uno de los pocos datos estadísticos es que en el estado de Puebla hay más de 300 mil personas con alguna discapacidad.

Asimismo, las personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema se ven más afectadas pues no tienen acceso a adquirir algún vehículo particular, ejemplifica Andrea Escobar.

Este día, colectivos como Manu Vive A.C. anunciaron la promoción de un juicio de amparo ante la omisión del Congreso del estado sobre la armonización local de la Ley General de Movilidad.

Dicha ley fue aprobada el año pasado por el Congreso de la Unión y en la cual una de las disposiciones transitorias marcaba el 13 de noviembre de 2022 como la fecha límite para su armonización local por parte de diputadas y diputados poblanos.

Por su parte, la activista y madre de Emmanuel Vara Zenteno, joven atropellado y fallecido mientras se dirigía a su trabajo, como director de Gestión de Movilidad del Ayuntamiento de Puebla en 2018, Luz del Carmen Zenteno Gómez, argumentó que la autoridad estatal es la primera responsable de garantizar la seguridad vial de las personas.

Aludió que, ante el rezago legislativo por trabajar en una Ley local de movilidad, es la autoridad la primera en desconocer y hacer cumplir las disposiciones mandatadas desde el ámbito constitucional.

Más del 80 por ciento de los habitantes de Puebla desconocen la movilidad como un derecho constitucional, equiparable a la educación y la salud, lo que genera que la población ignore sus derechos y obligaciones.

“Es este el primer país del mundo en contar con un derecho (movilidad) constitucional. Si no hay movilidad, no podemos tomar derecho sobre otros derechos”, sentenció mientras urgió al poder legislativo en obrar sobre la armonización local.

Al recordar a su hijo ‘Manu’, nombre que tomó el colectivo y la iniciativa de ley local en materia de movilidad, enfatizó que las familias que cruzan por la desgracia de perder a uno de los suyos tras los siniestros viales se enfrentan a dos penas. La primera por la tragedia en sí misma y la segunda en tener que lidiar con la búsqueda de justicia.

Por ello, exhortó a aquellas personas que han padecido la pérdida o las consecuencias de siniestros viales, a unirse a la causa que pretende la agilización de la creación y armonización local de la legislación en materia de movilidad. Por ello, personas con discapacidad exigen la mejora del transporte público en Puebla.