La Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso de Puebla aprobó la solicitud de Acción Nacional (PAN) para que Teresa Castro Corro, titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, comparezca ante el pleno y justifique la fallida inversión de 600 millones de pesos en Accendo Banco.

La petición será votada mañana, 25 de mayo, por los 41 legisladores locales. En caso de ser aprobada y notificada la resolución por los canales oficiales, la funcionaria estatal se presentaría la próxima semana ante el Congreso.

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Así lo informó el diputado panista Rafael Micalco Méndez, quien celebró que los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias accedieron a pedirle cuentas a la funcionaria estatal; además, será cuestionada sobre otros temas de interés público.

“La dinámica es que los diputados vamos a poder preguntar lo que queramos, eso no está a discusión, la misma ley nos lo otorga. La secretaria también tiene la opción de responder, y nosotros de réplica, como en comparecencias anteriores”, comentó el diputado.

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Como coordinador de la bancada del PAN, aseguró que la intención no es “linchar mediáticamente” a nadie, sino conocer las razones que llevaron al gobierno del estado a tomar decisiones como invertir en una institución bancaria a punto de quebrar o el presunto quebranto de 2 mil 600 millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El 11 de abril, Teresa Castro Corro confirmó que el gobierno estatal, bajó la gestión de Miguel Barbosa Huerta, invirtió en junio de 2021 un monto de 600 millones de pesos en Accendo Banco, institución financiera que quebró meses después.

Además, señaló que se pagaron 2 mil 600 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) “por la falta de pago que la administración estatal debió hacer en el año 2015” ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), durante la administración de Rafael Moreno Valle.

Asimismo, el 15 de mayo, Rafael Micalco Méndez dijo que como bancada pedirán una explicación por parte de las autoridades estatales a fin de conocer “los pasos que se siguieron” para la adquisición del terreno en el que se construirá la nueva sede del Congreso de Puebla, por involucrar a servidores públicos.