José Ricardo Gazca Rojas, empresario poblano, acusa que inspectores de la Dirección de Comercio Exterior le robaron 500 mil pesos en mercancía durante una revisión a su negocio, acción que calificó como un cateo, pues afirma que fue tratado como delincuente.

En una entrevista para e-consulta, Gazca Rojas dijo que los hechos sucedieron el 7 de diciembre de 2022 en el local comercial “Bodegas Ropa Outlet Bro”, en la colonia Bugambilias, cuando cerca de 10 inspectores se constituyeron en el punto para una revisión, la cual se convirtió en una “suerte de cateo”, pues fue tratado con prepotencia y malos tratos, lo que consideró un operativo para atrapar a un peligroso criminal.

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La visita de inspectores, adscritos a la Dirección de Comercio Exterior que depende de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPyF) del gobierno estatal, a cargo de María Teresa Castro Corro, duró más de ocho horas. De los 10 inspectores que ingresaron al local comercial sólo cinco se identificaron.

De acuerdo con la víctima, la orden de verificación de mercancía por parte del visitador estaba a nombre de José Antonio Jarillo Jardines, por lo cual Ricardo dijo que el documento estaba dirigido a nombre tanto de otra persona como de otra empresa.

Sin embargo, le solicitaron su RFC y tres de los inspectores salieron con los documentos en la mano a fin de cambiar los datos. Mientras esto sucedía, José Antonio Jarillo, empleado de la SPyF, junto con los seis inspectores permanecían dentro del inmueble, presuntamente de manera arbitraria, ya que la orden de inspección aún no había sido notificada de manera formal a Ricardo.

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Además, los visitadores amenazaban tanto a Ricardo como a sus empleados, además de intimidar a los clientes y ahuyentaban a quienes llegaban al establecimiento. “Ahorita que decida el jefe”; “mientras, ya chingamos”; “aquí pura pinche fayuca”; eran las frases que Ricardo escuchó que intercambiaban entre risas y burlas.

Poco después los inspectores volvieron con el documento corregido, por lo cual Ricardo permitió el acceso a los inspectores; pero el documento que fue modificado ya estaba firmado por el director de Comercio Exterior, Aldo Robles Caussor, aunque él no estaba presente.

Imágenes captadas por cámaras de vigilancia instaladas al interior del inmueble muestran los momentos en que los inspectores salen a modificar el documento a una de las camionetas en las que llegaron, además del número de personas que se constituyeron en el lugar.

Asimismo, en el acta de inspección redactada posteriormente, sólo se deja constancia de la participación de cinco servidores públicos. Luego, por órdenes del inspector José Antonio Jarillo, los inspectores se trasladaron de inmediato a la segunda planta del local comercial para comenzar a registrar la mercancía.

“Al momento que realizaron estas actividades fueron separando mercancías afectando directamente mis ventas, por ende, mis ingresos y el cumplimiento de mis obligaciones ante proveedores y bancos, pues ya no permitieron que los clientes dispusieran del producto para probárselo y/o comprarlo”, indican los alegatos de Ricardo ante la autoridad estatal.

A pesar de que el argumento de la orden de verificación contemplaba la revisión de la mercancía, esto no sucedió. Los inspectores procedieron inmediatamente a seleccionar y separar la mercancía entre camisas, playeras y chamarras.

Acto seguido, solicitaron comprobar la adquisición legal de la mercancía; Ricardo presentó la factura correspondiente que engloba la adquisición de los tres tipos de mercancía mencionados.

A pesar de que la factura que presentó demostraba la compra, los verificadores procedieron a encintar y separar las playeras y chamarras, devolviendo solamente a Ricardo los paquetes con camisas. Durante la revisión, asegura Ricardo, le prohibieron a él y a su personal acercarse a la mercancía de manera amenazante.

Un servidor público identificado como Óscar Alberto Pérez Díaz, quien se encontraría al frente de las maniobras de selección y encintado, tenía posesión de documentos importantes de la víctima como el RFC, registro ante la CANACO y además de información confidencial como nóminas, registros de pago, estados de cuenta, información del personal ante el IMSS, direcciones, datos de proveedores, entre otros.

Pero no sólo eso, entre los diversos intentos de acercarse, Ricardo señala que el inspector Óscar Alberto le sugería “arreglarse” con su jefe José Antonio Jarillo, al solicitar una presunta suma de entre 50 y 80 mil pesos.

“Eso parecía más un cateo que una orden de verificación. Me trataron como un delincuente. Ojalá que el gobierno estatal fuera capaz de actuar de esa manera cuando se trate de crímenes reales”, sentenció.

Según el acta de diligencia, se asentó que lo asegurado está integrado por 490 piezas provenientes de diferentes países, entre pantalones, playeras, chamarras y demás artículos de vestimenta para mujer y hombre de las marcas Levi´s, Champion y Aeropostale, principalmente.

Pero Ricardo no puede estar seguro de ello, la forma arbitraria en que se llevó a cabo la diligencia no permitió contabilizar exactamente lo que se llevaron, pero estima que fueron alrededor de 500 mil pesos en mercancía.

Dicha cantidad, derivado de diversos gastos que la situación ha generado como pérdida de oportunidad de venta en diciembre, pago a abogados y papelería, se ha incrementado a poco más de 1 millón 137 mil pesos.

El acta asienta que la diligencia duró apenas seis horas, sin embargo, la obtención de los datos como hora y fecha de las grabaciones, indica que duró más de ocho horas.

Asimismo, Ricardo dijo que no puede alegar la revisión, ya que fue obligado a firmar el acta, pues fue amenazado de llevarse el 100 por ciento de la mercancía, además de hacerse acreedor a una multa económica.

Por tales hechos el empresario presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado.

Asimismo, las acusaciones fueron formuladas en una queja remitida a la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, cuya recepción en la oficialía de partes quedó bajo fecha del 16 de febrero de 2023.

Hasta ahora, luego de que inspectores de Comercio Exterior robó a Ricardo 500 mil pesos durante una revisión, el empresario no ha tenido respuesta de las autoridades y su denuncia no prospera, además, afirma que las utilidades que generó con el esfuerzo de seis años de trabajo se han perdido tras el cateo, por lo que pide a las autoridades agilizar la revisión de su caso.