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FGE promoverá recurso de revisión contra liberación de hermano del “Toñín”

  • Redacción e-consulta
Martínez Fuentes, postulado por Pacto Social de Integración (PSI), aseguró que los delitos por los que estuvo preso un año y cinco meses fueron fabricados
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Gilberto Higuera Bernal, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que promoverá un recurso de revisión contra la liberación de Alejandro Martínez Fuentes, expresidente municipal de Quecholac y hermano de Antonio Martínez, alias “El Toñín”, presunto líder huachicolero de la zona del Triángulo Rojo.

En entrevista, Higuera Bernal informó que llevará a cabo acciones a fin de que sea revisado el amparo otorgado por el juzgador, que permitió que Alejandro Martínez, quien fue acusado por el delito de ejercicio indebido de funciones, fuera liberado el fin de semana.

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Tras ser liberado, Martínez Fuentes, postulado por Pacto Social de Integración (PSI), aseguró que los delitos por los que estuvo preso un año y cinco meses fueron fabricados.

Por su parte, Higuera Bernal dijo que no emitirá señalamientos contra el exedil, ya que su liberación fue ordenada por un juez de amparo ajeno al caso; sin embargo, advirtió que promoverá el recurso de revisión.

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En este sentido, Higuera Bernal informó que el Tribunal Colegiado será la instancia encargada de resolver la determinación del juzgado de amparo, pues la Fiscalía General del Estado presentó el caso debidamente sustentado a fin de que Alejandro Martínez fuera detenido.

Asimismo, Gilberto Higuera no descartó que Martínez Fuentes sea reaprehendido ya que la indagatoria continúa, aunque no precisó si es la misma línea de investigación en contra de Alejandro Martínez.

Alejandro Martínez Fuentes fue reelecto en las elecciones de 2021; sin embargo, ese mismo año fue capturado, por lo que su cargo fue asumido por José Luis Peregrina Flores para concluir el periodo hasta 2024.

Asimismo, Pacto Social de Integración (PSI), cuyo dirigente es Carlos Navarro Corro, postuló al hermano de El Toñín en 2021, a pesar de los nexos delictivos familiares, según lo dicho por el entonces gobernador Miguel Barbosa.

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