La secretaria de Seguridad Pública Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, reprobó la actuación de los funcionarios de migración e informó que de ellos se identificaron a ocho presuntos responsables que custodiaban a las personas migrantes, de las cuales 39 murieron y 27 están hospitalizados tras el incendio en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En conferencia de prensa, la secretaria de Seguridad informó que los funcionarios “no se apegaron a los protocolos de protección a la vida y de Protección Civil” e identificaron a ocho presuntos responsables, entre ellos dos agentes federales, uno estatal de migración y cinco elementos de Seguridad Privada.

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Tras ello, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó cuatro órdenes de aprehensión por los delitos de lesiones, homicidio y daños en propiedad contra dos agentes de Migración, un guardia de seguridad privada y un migrante señalado de haber iniciado el incendio en el albergue de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El suceso dejo un saldo de 39 migrantes muertos y 27 heridos, de los cuales 16 se reportan como sumamente graves, nueve delicados y dos estables.

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La funcionaria federal aseguró que la empresa de seguridad privada que también estaba a cargo de los migrantes, así como los servidores públicos tendrán que enfrentar la ley, luego de que no respetaron protocolos de Protección Civil y en lugar de ayudar a los migrantes los dejaron encerrados.

“No fueron capaces de abrir una reja (...) ¿Quién no permitió la salida de estas personas? Hay un delito grave”, admitió Rosa Icela Rodríguez.

Asimismo, no descartó cesar de sus actividades a algún funcionario involucrado en los hechos, incluyendo al titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño.

“De ninguna manera se ocultarán los hechos ni se protegerá a nadie. En este gobierno se castigan los abusos y las violaciones a los derechos humanos”, agregó la funcionaria de Seguridad.

Por su parte, la titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la FGR, Sara Herrerías, dijo que se sabe que el incendio se originó por una protesta tras la detención de los migrantes, pero reconoció que hay versiones de que los migrantes llevaban horas sin tomar agua.

Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en su gobierno no habrá impunidad y si es que hubo dolo o ineficiencia por parte de los encargados del INM durante el incendio pedirá al fiscal general, Alejandro Gertz, que se encargue personalmente del caso.