Las denuncias del gobierno del estado de Puebla en contra del portal e-consulta, el asesinato de la activista Cecilia Monzón, y las agresiones a la periodista Lydia Cacho se encuentran entre los casos más graves de violación a los derechos humanos documentados por Estados Unidos de América (EUA). 

De acuerdo con el reporte “2022 Country Reports on Human Rights Practices: Mexico”, elaborado por el Departamento de Estado de EUA, entre los principales problemas del país se encuentran homicidios ilegítimos o arbitrarios a manos de la policía, el Ejército y otros funcionarios gubernamentales.

También incluye detenciones o reclusiones arbitrarias; restricciones a la libertad de expresión y a los medios de comunicación, incluida la violencia contra periodistas. Asimismo, insuficiencia en investigaciones y acceso a la justicia para mujeres e integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+.

En la Sección 2, denominada “Respeto de las libertades civiles”, el Departamento de Estado de EUA recolectó algunos casos de censura o restricción de contenido en los medios de comunicación.

Resaltó las siete demandas que el gobierno del estado de Puebla realizó en contra del medio de comunicación e-consulta, derivadas de artículos y notas que exhibieron presuntos actos de corrupción y rendición de cuentas insuficiente.

La Corte de los Milagros: Las 4 demandas fueron presentadas por el diputado @Biestro, el subsecretario de Movilidad, Yassir Vázquez, el director del @IEEAPuebla Jesús de la Luz Sánchez Cuevas, y el subsecretario de Administración, Juan Pablo Cortés https://t.co/rOrJrcVnvn pic.twitter.com/3HSRqPcv67

— Rodolfo Ruiz R. (@periodistasoy) February 25, 2020

Según el texto, en 2016 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó el tope de las sanciones por daños morales, lo que dejó a los periodistas y comunicadores “vulnerables a multas exorbitantes”.

Por ejemplo, en 2019, el tribunal de Ciudad de México condenó a Sergio Aguayo, académico y columnista del diario Reforma, a pagar multa de 10 millones de pesos “por daños morales” al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira.

Otro caso de Puebla contenido en la sección 6, “Discriminación y abusos sociales”, es el asesinato de la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez, ocurrido el 21 de mayo del 2022, en el municipio de Cholula.

En abril, Cecilia Monzón presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) una demanda de pensión alimenticia contra el exdiputado local priista, Javier López Zavala, con quien tenía un hijo.

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“El día antes de su muerte, criticó públicamente a la fiscalía por no tramitar la petición. Las autoridades detuvieron a Zavala y a otros tres presuntos cómplices por feminicidio. A 31 de diciembre, los cuatro estaban a la espera de juicio”, detalla el documento.

En la Sección 1, “Respeto de la integridad de la persona”, indica las agresiones en contra de Lydia Cacho como uno de los hechos que describen ilícitos vigentes, como la tortura y detenciones arbitrarias.

El 20 de julio de 2022, el ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, perdió una moción en la que solicitó la libertad condicional a la espera de juicio por la tortura de la periodista Lydia Cacho, por destapar en 2005 una presenta red de trata sexual de menores en la que el entonces mandatario estaba involucrada. 

El informe evidencia la crisis de acceso a la justicia en México respecto a estas agresiones, pues de acuerdo con la organización civil “Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos” de 2006 a 2020 autoridades federales dictaron sólo tres sentencias por tortura, aunque recibieron 27 denuncias.