De cuatro de los cinco casos de cuerpos calcinados encontrados en el estado de Puebla durante el primer mes de 2023 aún no reporta avances de investigación la Fiscalía General del Estado (FGE). Sin embargo, el titular, Gilberto Higuera Bernal, ha anunciado que la principal actividad asociada a dichas muertes es el narcomenudeo.

Aseguró que será en los próximos días cuando la Fiscalía dé cumplimiento a los mandatos judiciales para el esclarecimiento de los casos de cuerpos calcinados.

En el mes de enero la FGE anunció la vinculación a proceso de ocho personas por el caso del cuerpo hallado calcinado en inmediaciones del mercado Independencia, por delitos contra la salud y portación de instrumento prohibido.

En ese entonces, se llevó a cabo el cateo de dos viviendas ubicadas en la colonia La Popular Castillotla, también en el sur de la ciudad. De acuerdo con las diligencias, el primer cateo se aplicó en el inmueble ubicado en la calle Querétaro, en el que se detuvo a tres hombres y una mujer, hallándose 49 envoltorios con contenido similar a la droga conocida como cristal; además de un arma de fuego de fabricación artesanal y un artefacto de color negro que simula un arma.

En el exterior del segundo inmueble, ubicado en la calle Tlaxcala de la colonia, se detuvo a tres hombres más, asegurando 24 envoltorios con piedra granulada, con características del cristal, así como seis envoltorios de mariguana y un arma de fuego de fabricación artesanal.

Caso Moreno Valle

El fiscal aseguró que la liberación del dueño de la empresa que daba mantenimiento al helicóptero desplomado en 2018 en el que fallecieron la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo y el senador Rafael Moreno Valle, se debió a una modificación a la medida cautelar.

Agregó que las personas imputadas lograron promover amparos dada la vinculación a proceso por el delito de homicidio culposo.

Señala que la resolución del juez de otorgar liberación, se debió a que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que hay otras medidas cautelares distintas a la prisión como las firmas periódicas o la restricción de salida de determinadas circunscripciones.

Sin embargo, afirmó que la liberación del señalado no le otorga inocencia, toda vez que la modificación de la medida cautelar está prevista dentro de una investigación que continúa vigente.

Fue el pasado 31 de enero cuando  se dio la liberación previa de José Antonio Vázquez Torales, dueño de la empresa Rotor Flight Services, encargada de dar mantenimiento al citado helicóptero.