El Buró de Crédito en México reportó hoy jueves haber encontrado en redes sociales la oferta ilegal de información de personas físicas, donde se incluían datos administrados en 2016 y que se obtuvieron de “manera indebida”, señalaron en un comunicado.

Aunque el hecho fue calificado por usuarios como un hackeo, en realidad se trató de una extracción interna, es decir, personas que tienen acceso a los datos resguardados fueron quienes hicieron la sustracción ilegal.

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“Dicha información contiene datos de las personas y de su historial crediticio de hace casi siete años atrás y gran parte de ella ya había sido eliminada de la base de datos actual de Buró de Crédito conforme a lo ordenado por la ley que nos regula”, señaló la entidad privada mediante un aviso que colocó en su página de internet oficial.

¿Qué contiene el Buró de Crédito?

El Buró de Crédito almacena información que tiene que ver con el comportamiento de pagos automotrices, de tarjetas de crédito, hipotecarios e incluso de servicios básicos como lo son agua, luz, entre otros.

Se trata, además, de la plataforma encargada de generar un historial crediticio a personas morales y físicas a través de la recopilación de datos bancarios. Una vez hecho este reporte, el mismo sirve a otras instituciones como los bancos para considerar si otorga o no créditos a quienes los soliciten.

El problema con el supuesto hackeo notificado este jueves recae en que, e teoría, la información contenida en la entidad privada es de índole confidencial y puede compartirse únicamente con entidades financieras, lo que pone en duda sus métodos de seguridad.

¿Qué ocurrirá tras la venta de datos del Buró de Crédito?

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El Buró de Crédito no se encuentra sujeto a leyes de protección de datos personales, de acuerdo con José Soto Galindo, de El Economista, quien notificó que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como el Banco de México (Banxico), la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) y otras entidades verificar las responsabilidades del Buró ante la filtración de datos, así como aplicar las sanciones que crean pertinentes.