Al ampliar las causales del delito de extorsión, el Congreso del Estado buscará sancionar las amenazas telefónicas, por lo que los infractores podrán pasar hasta 10 años en prisión y multa de más de 96 mil pesos.

Esto también aplicaría en caso de que se utilice cualquier medio de comunicación que puedan emitir y recibir voz, sonidos o información.

En sesión de la Comisión Ordinaria, la diputada priista Norma Reyes Cabrera propuso reformar el primer párrafo del Artículo 292 Bis del Código Penal del Estado para incluir la “vía telefónica” como modalidad de este ilícito.

Explicó que la extorsión se comete en muchos casos por miembros del crimen organizado, quienes utilizando el miedo y la intimidación “viven a costa del patrimonio de otros”, lo que impide que las víctimas desarrollen sus actividades con normalidad.

De acuerdo con el dictamen, durante 2021 se registraron 4 millones 910 mil 206 extorsiones en el país, de los cuales se denunciaron 246 mil 138 casos y sólo el 52.4 por ciento derivó en una carpeta de investigación.

Actualmente, el delito de extorsión se castiga con de dos a 10 años de prisión y multa de 100 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 9 mil 622 pesos y hasta 96 mil 220 pesos.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y dictaminación procedente.

Hace tres semanas, la fracción parlamentaria del Revolucionario Institucional (PRI) exhortó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a crear estrategias para detener el aumento de casos de extorsión telefónica reportados en la entidad.