Con el aval del Plan B en materia electoral se prevé que las personas que están bajo prisión preventiva en los centros penitenciarios puedan votar, esto si las condiciones de seguridad lo permiten.

De acuerdo a un estudio de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, señala que quienes estén en prisión preventiva podrán votar, según la redacción prevista en el artículo 284 Bis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

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Mientras que la aprobación de este derecho será puesta en discusión por el Congreso de la Unión en febrero de 2023.

El análisis indica que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió en febrero de 2019 que las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar y para hacer valer este derecho se aplicaría en las elecciones de 2024.

Dichas elecciones serán a través de una prueba piloto, donde intervendrá el Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de garantizar dicha prerrogativa.

Como antecedente, en 2021 se aplicó esta prueba piloto a cinco centros federales de readaptación social donde participó el 94.53 por ciento de las personas que estaban en prisión preventiva, lo cual reflejó que, si hay interés.

Ante la participación, el INE señaló que es necesario diseñar esquemas de coordinación con las autoridades de los centros de detención para implementar procedimientos electorales y generar condiciones que fortalezcan el ejercicio del sufragio de las personas en prisión.  

Actualmente, Argentina, Costa Rica, Ecuador y España cuentan con alguna normativa que garantiza el derecho al voto de las personas en prisión preventiva señala el estudio “Modelos de votación electoral para las personas en prisión preventiva: países seleccionados”, elaborado por los investigadores Juan Manuel Rodríguez Carrillo y Miguel Ángel Barrón.