• Sociedad

Morena propone reconocer sextorsión como violencia digital en Puebla

  • Berenice Martínez
Diputados presentan iniciativa para reconocer como violencia digital la acción de amenazar, chantajear, coaccionar o extorsionar a mayores de edad con difundir imágenes, audios o videos con contenido sexual
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Diputados locales de Morena propusieron reconocer la sextorsión como un tipo violencia digital en Puebla, que consiste en amenazar, chantajear, coaccionar o extorsionar a personas mayores de edad con difundir imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual.

Daniela Mier Bañuelos, Yolanda Gámez Mendoza, Carlos Evangelista Aniceto, Angélica Cervantes González e Iván Herrera Villagómez presentaron una iniciativa de reforma al artículo 23 Bis de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Puebla.

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La modificación consiste en ampliar el concepto de violencia digital para considerar como sextorsión la acción de amenazar, chantajear, coaccionar y extorsionar a mayores de edad con exponer, distribuir, difundir, exhibir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar o compartir imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual de su persona, sin su aprobación o autorización, con el objetivo de obtener un lucro o beneficio.

Si bien desde diciembre de 2018 en Puebla se castiga la difusión de imágenes sexuales sin consentimiento, los diputados de Morena consideran necesario reforzar la normativa e inhibir la comisión de este delito, al señalar que la violencia digital forma parte de un entorno inseguro donde se debería garantizar que las personas mayores de edad sean libres de ejercer su sexualidad, siempre que no afecte a terceros.

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Desde 2014 la activista Olimpia Coral Melo, originaria de Huauchinango, Puebla, luchó porque este tipo de agresión fuera reconocida y castigada en la ley, luego de que su pareja sentimental compartió un video íntimo.

Esto fue posible gracias a que en 2020 el Senado de la República aprobó reconocer esta modalidad de violencia en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal.

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