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Por un celular, alumna agrede a compañero y a su maestra
Por medio de redes sociales se ha compartido un video en donde se ve a una alumna que abofetea y jala del cabello a uno de sus compañeros en el salón de clases.
Según los datos que se dieron a conocer en la cuenta de Twitter @QuePocaMadreMex, el conflicto se dio en el Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (Cetis) en Nayarit.
Se informó que una alumna reaccionó de forma violenta contra su compañero de clases y contra su profesora cuando éste intento defender a la docente.
Al parecer la maestra le pidió a la joven que dejara de usar su celular en el salón de clases, lo que habría originado el conflicto.
En el video se observa como la joven jala del cabello a su compañero, además de que lo abofetea. La reacción del joven fue arrojarla contra el piso y después advertirle que no le volverá a pegar.
“A mí no me vuelvas a tocar, eh”, es la advertencia que lanza el chico, pero ella lo vuelve a agredir. Él le responde empujándola y la chica cae el piso.
En ese momento interviene la profesora y pide que le hablan a alguien, al parecer, para calmar el pleito, mientras trata de abrazar por la espalda a la alumna.
“A ver, te queremos ayudar, pero tú no te dejas ayudar”, expresa la docente.
La chica toma del cabello a su maestra, quien pide a sus alumnos: “¡Graben, graben, graben!”, mientras ella continúa hablando con la joven, que no suelta su cabello.
“Queremos apoyarte y tú no te dejas, no te dejas, no te dejas ayudar, ya se había hablado contigo, ya se había hablado con tu mamá y no quieres entender”, son las palabras de la maestra, a quien la alumna tiene tomada del cabello.
“Me urge que vengas a primero A, esta niña, ya sabes, golpeó a un niño, a mí me tiene agarrada del cabello así que ¿qué vas a hacer?”, expresa la maestra a la persona con quien habla por teléfono.
El video causó gran polémica por lo ocurrido en el salón de clases por el actuar de cada uno de los protagonistas.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de Nayarit emitió un comunicado en el que ordenó investigar las “acciones u omisiones de naturaleza administrativa que pudieran atribuirse a personas servidoras públicas adscritas al Plantel Educativo, que pudieran constituir presuntas violaciones a los derechos humanos de la comunidad estudiantil”.