La expresidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, rechazó haber incurrido en daño patrimonial por más de 821 millones de pesos como señaló la Auditoría Superior del Estado (ASE) en el informe individual 2020, por lo cual anunció que solventará las observaciones realizadas por el órgano de fiscalización.

Acompañada de exfuncionarios de su administración y regidores de Morena, Claudia Rivera afirmó que no existe daño patrimonial a las finanzas públicas y aclaró que el proceso se encuentra en etapa de solventación como ocurre con cualquier gobierno que es auditado, por lo tanto, dijo que no teme persecución política.

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“No temo ninguna persecución, toda vez que hemos siempre cumplido lo que marca la ley, rendido cuentas en los momentos oportunos, de manera extraordinaria, incluso con las auditorías preventivas que fueron exitosas”, manifestó.

Rivera Vivanco señaló que a las pruebas se remite debido a que su administración (2018-2021) no solo fue la primera en no endeudar al municipio de Puebla, sino que terminó con la deuda pública que heredaron los gobiernos anteriores.

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“Hay narrativa tergiversada, algunas con dolo político, por supuesto, de nuestros adversarios, porque dejamos la meta muy alta, ninguna administración del pasado había logrado dejar sin deuda pública a la ciudad de Puebla”, expresó.

Claudia Rivera rechazó algún pacto con el extitular de la ASE, Francisco Romero Serrano, o prácticas de “oscurantismo” con alguna autoridad, como señaló ayer el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta en su habitual conferencia de prensa.

No hay sanción contra Claudia Rivera: Leobardo Rodríguez

Por su parte, el regidor Leobardo Rodríguez Juárez, quien fue secretario de Administración en el gobierno morenista, sostuvo que la Auditoría hizo suposiciones en la revisión que publicó, por eso aclaró que no hay sanción ni inhabilitación contra Claudia Rivera, pues el proceso continúa y es el siguiente:

La ASE tiene que dar cuenta del informe al Congreso del Estado, quien tiene un lapso determinado para notificar al ayuntamiento de Puebla, que a su vez tendrá 30 días hábiles para responder al documento, lo cual podría desahogarse hasta 2023.

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“Vamos a agotar el proceso jurídico, no queremos ensuciar el discurso como han hecho algunos actores que tratan de construir una narrativa de que ya viene una sanción, que ya es un proceso juzgado, cuando deberían ser conocedores del proceso que sigue en este tipo de fiscalizaciones. El camino todavía es largo”, añadió sobre el proceso de Claudia Rivera.