El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta envió al Congreso del Estado una iniciativa que amplía el plazo para promover recursos de inconformidad contra multas de tránsito en Puebla por infracciones viales y para suspender pagos.

Se trata de reformas a los artículos 54 y 55 de la Ley de Vialidad para que el plazo para impugnar pase de tres a 15 días hábiles siguientes al de la notificación del acto impugnado o de aquel en que se tuvo conocimiento.

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La presentación del recurso de inconformidad suspenderá el plazo para el pago y exigibilidad de la multa en Puebla. La Dirección de Vialidad, al admitir la impugnación, mantendrá la suspensión, pero dejará de surtir efectos cuando el recurso se deseche o no se interponga, se declare improcedente, se sobresea o se confirme la validez del acto impugnado, es decir que en este último caso el infractor tendrá que cumplir con las sanciones correspondientes.

Verificación para autos que circulan en Puebla

En la misma iniciativa Barbosa propone reformar la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable para que no solo los vehículos del transporte público y privado registrados, sino todos los que circulen en el estado, se sometan a la verificación vehicular.

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Asimismo, plantea modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado para precisar que, a la Secretaría de Movilidad y Transporte le corresponde establecer, solicitar y revisar los requisitos, documentos, certificados y hologramas que deban satisfacer y portar los vehículos de los particulares y del transporte público en sus diferentes modalidades. 

En su iniciativa, Barbosa reconoce que el estado de Puebla sufre un deterioro en la calidad del aire, como consecuencia de las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera por el incremento del parque vehicular, el crecimiento industrial, de servicios y demográfico, además del cambio climático, que incide en la salud de la población y el medioambiente.

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A modo de solución propone modificar las tres leyes, es decir, la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable, la Ley de Vialidad y la Ley Orgánica de la Administración Pública para controlar, vigilar y reducir la contaminación y los factores de riesgo, la verificación vehicular y la implementación de medidas legales y administrativas.