Las reformas en pensiones que se han realizado en México han ayudado a frenar el incremento del costo fiscal de esos pagos; sin embargo, el crecimiento de la población mayor de 60 años y el pasivo pensionario que todavía tienen diversas instituciones públicas representan una fuerte presión en las finanzas del país, advierten los Criterios Generales de Política Económica para 2023.

De acuerdo con el documento retomado por La Jornada, el pasivo pensionario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y otras entidades públicas representó 43.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) con un total de 11.46 billones de pesos al cierre de 2021.

En la comparación anual, la cifra observada fue menor 8.5 puntos porcentuales del PIB respecto a lo registrado en 2020 (52.1 por ciento). Por su parte, los activos netos de las administradoras de fondos para el retiro (Afore) han aumentado año con año hasta alcanzar en junio de 2022 un nivel de 5 billones de pesos, equivalente a 18 por ciento de PIB.

Cifras del Consejo Nacional de Población (Conapo) estiman que la población mayor a 65 años, que representa en 2022 el 8 por ciento de la población total, ascenderá en 2051 a 17 por ciento del total, lo que implica que en menos de tres décadas habrá 14.8 millones de personas más en edad de pensionarse, alrededor de 30 millones de personas.

Lo anterior se traduce en presiones sobre las finanzas públicas por medio de dos vías. La primera está relacionada con el aumento de los costos del sistema de salud público y la segunda al incremento de las aportaciones del gobierno a los sistemas de pensiones, así como del gasto en programas asistenciales de pensión para adultos mayores, precisó la Secretaría de Hacienda.