El desempeño de la Guardia Nacional en Puebla fue calificado como poco o nada efectivo por el 29 por ciento de la población, mientras que de enero a julio acumuló seis expedientes de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, situación que, según especialistas, podría agudizarse ahora que se pretende adherirla a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con la última actualización de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en Puebla el 19.3 por ciento de las personas encuestadas consideraron que el desempeño de la Guardia Nacional es poco efectivo en el estado.

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En la encuesta hecha por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se detalló que otro 10.3 por ciento de la gente opinó que el trabajo de dicha corporación es nada efectivo.

Mientras tanto, el 42.6 por ciento de las personas encuestadas expresaron que la Guardia Nacional solo es algo efectiva, mientras que apenas el 25 por ciento la calificaron como muy efectiva.

En mayo de este año el gobierno federal anunció que para 2023 Puebla contará con 27 bases de la Guardia Nacional (GN), aunque actualmente solo hay ocho.

Guardia Nacional militar

El viernes la Cámara de Diputados avaló que la Guardia Nacional pase a ser parte de la Sedena, sin embargo, especialistas ven esta medida como contraproducente y contradictoria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien criticó la militarización de México en gobiernos anteriores.

Además, alertaron sobre que podrían incrementar las posibilidades de violaciones a derechos humanos por este cambio.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación a Derechos Humanos, de enero a julio de este año hubo seis expedientes de quejas contra de la Guardia Nacional en Puebla por violaciones de derechos humanos.

Entre las quejas se encuentran: tortura, agresiones contra indígenas, emplear arbitrariamente la fuerza pública, no seguir las normas para la realización de cateos y entorpecer la procuración de justicia.

Ejército acapara fuerza y funciones

Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A. C. (Casede), explicó que poco a poco el gobierno federal incrementó las facultades a las fuerzas armadas, por ejemplo, intervenir en la vacunación, construcción de obras importantes, tomar el control de puertos, así como el control de las aduanas, y ahora estará aún más involucrada en la seguridad pública.

El experto en temas de seguridad consideró que esta situación debería prender los focos rojos, pues desde una visión teórica, la medida va en un sentido contrario a lo que deberían ser las sociedades democráticas.

Aguilar Antonio resaltó que, a diferencia de otros temas, como la reforma eléctrica, ahora el Partido del Trabajo (PT) impulsó la reforma y el Senado tendrá que decidir si avala o no el cambio, pero anticipó que en esta cámara Morena y sus aliados no son mayoría.

Militarización consolidada

Tadeo Luna de la Mora, académico de la Universidad Iberoamericana de Puebla, consideró que la integración de la Guardia Nacional a la Sedena es la consolidación de la militarización que tuvo un inicio inconstitucional.

En entrevista alertó que organismos internacionales han dejado clara su posición en contra de que las fuerzas armadas se hagan cargo de la seguridad pública, aunque si bien podría regularse su actuar con reglas bien específicas, esto no sucede en México, donde cada vez más el Ejército es menos transparente.

A esto se suma que estudios demuestran que la fuerza y adiestramiento militar son más letales contra las personas, en comparación con las policías comunes, cuya formación es distinta, ya que los militares tienen la visión de obedecer sin cuestionar y ver al otro como un enemigo.