Por primera vez en su historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo en el que emplaza al gobierno federal a formar una comisión especial de búsqueda para dar con el paradero de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), desaparecidos desde 2007. La sentencia ordena abrir instalaciones militares para investigar la ubicación de las víctimas, interrogar a los mandos vinculados a los hechos y publicar los avances de las pesquisas.

Las autoridades obligadas con este fallo son la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Gobernación (SG), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), las cuales deben iniciar acciones para encontrar a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quienes desaparecieron a manos de militares y policías estatales en Oaxaca.

La primera sala del máximo tribunal aprobó por tres votos contra uno (del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena) el proyecto de Margarita Ríos Farjat para otorgar la protección a las familias de las víctimas. La comisión deberá incluir especialistas y abogados propuestos por los hijos de los desaparecidos.

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Revisarán instalaciones sospechosas

El fallo instruye que 30 días después de que sea notificada oficialmente, la FGR debe dar a conocer la versión pública de la carpeta de investigación que abrió para el caso, mientras la Sedena debe autorizar el acceso de la comisión investigadora a todas las instalaciones militares donde se sospeche que exista algún indicio para localizar a las víctimas.

Esta decisión se fundamenta en la resolución de la propia SCJN, que en junio del año pasado indicó que las acciones urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas son obligatorias para todas las autoridades del Estado mexicano.

Luego de conocer el fallo, Nadine Reyes, hija de Edmundo Reyes, demandó que las acciones de búsqueda que se emprendan partan de la presunción de vida de los desaparecidos.

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En conferencia de prensa en el plantón de familiares y simpatizantes frente a la SCJN, Sandino Rivero, abogado de las víctimas, explicó que más allá del caso en particular, la resolución del máximo tribunal fija un estándar de prueba para acreditar la desaparición forzada y señala que mediante un juicio de amparo pueden fijarse medidas de reparación del daño cuando hay violaciones a los derechos humanos.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SG, Alejandro Encinas, sostuvo que la CNB cumplirá con lo que dictó la SCJN. En redes sociales reconoció la resolución y destacó que el máximo tribunal determina que autoridades judiciales deben usar un estándar probatorio atenuado para acreditar la violación.