La Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) dijo estar de acuerdo en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no atraiga su amparo contra una investigación por lavado de dinero y lo resuelva el Décimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito de la Ciudad de México, pues dijo que sus integrantes confían en las autoridades federales.

En un comunicado explicó que la SCJN tomó esta determinación porque son evidentes las violaciones a las garantías de seguridad jurídica cometidas por la Fiscalía General de la República (FGR), por ello determinó que el fondo del caso sea resuelto por el Décimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito.

“La fundación y los integrantes de su patronato celebran la decisión de las y los ministros, porque creen en la imparcialidad, autonomía y objetividad del Poder Judicial de la Federación, que tiene la oportunidad de revertir un atropello escandaloso en el que la FGR autorevocó ilícitamente el no ejercicio de la acción penal que exoneró desde 2018 a los señalados en este procedimiento plagado de irregularidades”, señala el pronunciamiento.

Actualmente hay dos grupos de personas que se autodenominan como los verdaderos integrantes de la Fundación Mary Street Jenkins, uno liderado por Margarita Jenkins de Landa (bajo la investigación de la FGR), y otro por Horacio Magaña Martínez, nombrado por el gobierno estatal de Luis Miguel Barbosa Huerta.

Los dos patronatos se disputan el control de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y los recursos de la fundación.

Denuncian violación del Código Nacional de Procedimientos Penales

En el escrito difundido en redes sociales, la agrupación enfatizó que se violentaron los principios del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen las condiciones de reapertura de carpetas de investigación ya resueltas.

Acusó que la FGR no impugnó ante un juez de control estas irregularidades y por el contrario ocultó esta situación con lo que se viciaron las acciones legales posteriores.

La Fundación Mary Street Jenkins señaló que los magistrados Reynaldo Reyes Rosas, Elisa Álvarez Castro y Carlos López Cruz, quienes analizarán el caso, tienen la oportunidad de generar un precedente que reivindique la justicia y proteja la seguridad jurídica de las personas.

El 29 de junio de 2021 se agravó el conflicto entre el grupo de Margarita Jenkins y el de Horacio Magaña, pues los estudiantes y trabajadores de la UDLAP fueron sacados de la universidad por policías estatales.

Fue hasta el 24 de enero de este año que el grupo de Horacio Magaña, que se quedó con el control de las instalaciones tras la intervención de la policía, entregó el campus al grupo de Margarita Jenkins de Landa luego de una serie de protestas realizadas por los estudiantes.