La inversión de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en los reclusorios de Puebla ha ido en picada, ya que en 2020 superó los 12 millones de pesos, pero al año siguiente solo se asignaron 62 mil pesos y, de enero a mayo de este año, no se destinaron recursos.

En respuesta a una solicitud de información, la SSP reconoció que de agosto a diciembre de 2019 no destinó recursos para los centros penitenciarios de Puebla, periodo en el que inició la actual gestión estatal de Luis Miguel Barbosa Huerta.

Para 2020, reportó que destinó 12 millones 582 mil 843 pesos al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, que hace unos meses estuvo envuelto en el escándalo por el hallazgo del cuerpo el bebé Tadeo, que le valió al gobierno estatal una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado.

Para 2021 la inversión se redujo a 62 mil 420 pesos, solo se benefició al mismo penal de San Miguel.

No obstante, de enero a mayo de este año, no se ha hecho ningún tipo de inversión, de acuerdo con la respuesta de la SSP a la solicitud de acceso a la información 211204222000231.

Este medio solicitó los contratos en los cuales se gastaron los recursos, pero la SSP señaló que estos están publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), pero solo hay uno y es por el monto señalado en 2020.

Se trata del contrato identificado como SSP-DGA-C-014/2020, por un monto de 488 mil 740 pesos, de los cuales 443 mil 410 pesos fueron para “equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos”, y los 45 mil 330.48 pesos restantes para material eléctrico y electrónico, además de que en el documento fue cubierto el nombre de la empresa contratada.

Hace unas semanas el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta dijo que tenía un proyecto para las prisiones de la entidad, entre ella que el Centro Penitenciario de Ciudad Serdán sería modificado para recibir únicamente a las mujeres, pero hasta ahora no ha detallado la inversión.

En cada evaluación de la CDH o de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las cárceles de Puebla han sido mal calificadas por no contar con espacios dignos y suficientes para las personas privadas de la libertad.