A finales de mayo dos periodistas de Puebla denunciaron el robo de equipo de cómputo que contenía información sobre su trabajo, pero por las condiciones en que los aparatos fueron sustraídos de sus viviendas, se alertó un intento por coartar la libertad de expresión.

Estos hechos no son aislados, pues la Red de Periodistas de Puebla alertó que, en los últimos ocho años, cada 15 días se registró en promedio una agresión contra comunicadores en diferentes modalidades.

El 7 de junio se conmemora en #México el Día de la #LibertadDeExpresión, pero no hay nada que festejar, pues en #Puebla se agrede a periodistas o medios cada 15 días, sobre todo por agentes del orden y actores políticos o de gobierno. pic.twitter.com/117JI0a18o

— Red Periodistas Pue (@Periodistas_Pue) June 7, 2022

En el marco del Día de la Libertad de Expresión, que se conmemora este 7 de junio, la organización denunció que, de mayo de 2014 a mayo de 2022, la entidad acumuló 194 agresiones a periodistas y medios de comunicación.

De acuerdo con su estudio, el 51.3 por ciento de las víctimas fueron hombres, el 42.2 por ciento mujeres y el 6.5 por ciento fueron medios de comunicación.

Solo en los primeros 5 meses de 2022 se documentaron 20 agresiones, ocho de ellas cometidas por servidores públicos estatales y municipales.

La violencia en impunidad

En 2018, que hubo elecciones, se registraron 48 agresiones, mientras que en 2019 las denuncias descendieron a 20, aunque también hubo comicios.

Lo más alarmante es que todos los ataques han quedado impunes, pues en al menos 30 casos el agresor no fue identificado, mientras que en los que se identificó al agresor, no hubo sanciones y en ningún caso ha habido una reparación de daños a las víctimas.

“Respecto a los agresores, en 30 casos este no fue identificado, mientras que en nueve casos se identificaron a policías municipales, y con el mismo número se supo que eran integrantes del crimen organizado. En el resto de los reportes figuran distintos niveles de gobierno y diversos actores políticos”, señaló el informe de la red.

Hostigamiento sistémico

La organización internacional Article 19 y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) han documentado el hostigamiento judicial y administrativo del que han sido objeto e-consulta y El Popular, así como sus directores y personal.

El año pasado el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta, través de la Secretaría de Planeación y Finanzas comenzó una serie de auditorías a ambos medios para investigar sus finanzas, lo cual se suma a las demandas civiles promovidas por colaboradores del mandatario desde 2020, con las cuales reclaman indemnizaciones millonarias por supuesto daño moral.